Las últimas declaraciones del Gobierno español y de los portavoces socialistas no invitaban al optimismo y, finalmente, el plazo para negociar la Ley de Vivienda estatal con el Gobierno vasco ha finalizado sin un acuerdo para blindar las competencias autonómicas a la hora de declarar zonas tensionadas y reservas de suelo. La consejería de Olatz Garamendi ha confirmado este domingo la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias porque el plazo de seis meses para negociar ha expirado sin lograr un acercamiento entre las partes. El cronómetro se puso en marcha en agosto, cuando se decidió constituir la Comisión Bilateral para buscar un acuerdo.
Por caprichos del calendario, el recurso llega en un momento de sintonía y buena vecindad entre ambos ejecutivos y entre el presidente Sánchez y el PNV. El viernes alcanzaron un acuerdo para que las instituciones vascas gestionen los trenes de Cercanías y la convalidación de títulos universitarios extranjeros, y se espera que este lunes se remate la transferencia de la segunda fase de acogida para integrar a los migrantes y refugiados. Pero el conflicto sobre la Ley de Vivienda no forma parte del acuerdo de investidura de Sánchez y el PNV, sino que se arrastra desde la anterior legislatura y, por lo tanto, no se espera que rompa este clima de colaboración. El plazo para interponer el recurso contra la ley acababa ahora, de manera que la coincidencia con la convocatoria de las elecciones vascas no sería algo buscado por Lakua y, de hecho, en cierto modo el desacuerdo es inoportuno. La consejería ha seguido el camino trazado por los servicios jurídicos con el informe que denunciaba siete artículos y cuatro disposiciones de la ley, dando normalidad a la decisión. Las tres consejerías del PSE ya se desmarcaron el año pasado. Una de esas consejerías es precisamente la de Vivienda, dirigida por el socialista Iñaki Arriola.
El acuerdo interpretativo que no pudo ser
La consejería de Garamendi trató de alcanzar un acuerdo interpretativo, que es la denominación que suelen adquirir los acuerdos que no implican modificar los artículos de una ley, sino llegar a un entendimiento sobre los términos de su aplicación. La intención de la parte vasca era alcanzar ese acuerdo interpretativo para que el Estado reconociera las competencias vascas y no ocupara su espacio para desarrollar políticas propias ni hiciera prevalecer sus criterios. Por lo tanto, parecía una salida factible porque el Estado podría mantener intacta su ley, pero permitir que Euskadi siguiera adelante con sus políticas. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconocía a finales de enero en el Congreso que Euskadi es un “ejemplo”. Todo parece indicar que el acuerdo no se ha alcanzado porque, habiendo otros recursos sobre la mesa, de Catalunya y del PP, abrir la espita de una salvaguarda competencial para Euskadi podría dar una percha a las comunidades autónomas de los populares para no aplicar la normativa. Y ahí sí que existe una discrepancia ideológica muy notoria entre el PSOE y el PP sobre si hay que intervenir o no en el mercado de vivienda, y Sánchez lleva meses fijando como directriz política que el Estado no puede renunciar a actuar para cubrir los vacíos de las comunidades del PP que no regulan derechos sociales.
La consejería de Garamendi informó del recurso a través de una nota en la que confirma que el Gobierno vasco “ha planteado un acuerdo interpretativo para que el Estado reconozca las competencias vascas, que finalmente ha rechazado”. La parte autonómica “ha agotado todas las posibilidades de negociación y ha planteado un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas y no ocupe el espacio del Gobierno vasco para poder desarrollar políticas propias de vivienda, y para que su orientación no prevaleciera sobre la regulación autonómica”. “El Estado ha rechazado toda posibilidad de acuerdo y ha abocado al Gobierno vasco a interponer el recurso por vulneración de competencias en materia de vivienda, por lo que solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas”, añade.
Según el Estatuto de Gernika, la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva sobre vivienda (10.31), y su artículo 10.6 recoge la atribución sobre normas procesales. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco detectaron una regulación tan detallada en la ley estatal para declarar las zonas tensionadas del mercado y las reservas de suelo que acaba reduciendo a su mínima expresión el margen autonómico, porque el Estado fija los requisitos y los porcentajes y las comunidades solo se pueden limitar a ejecutarlo. Los letrados rechazan de manera expresa el argumento de que el Estado debe legislar para cubrir el vacío en otras comunidades, un razonamiento que se desactiva con la sentencia 61/1997 del Constitucional sobre ley de suelo y urbanismo.
Euskadi moviliza pisos vacíos y aglutina el 35% del parque público
El Gobierno español ha tratado de ganar la batalla pública sobre esta ley con el argumento de que las disputas competenciales son pura filosofía y a la ciudadanía solo le interesa que mejoren sus condiciones de vida, sin importar qué administración toma la decisión. El PNV, que votó en contra de esta ley en el Congreso, ha defendido que no se trata solo de un debate competencial, sino que la ley estatal no es efectiva ni soluciona el problema, porque ha provocado la retirada de un tercio de los pisos del mercado del alquiler en Donostia en un clima de incertidumbre regulatoria.
La propia ministra reconoce la trayectoria vasca, y puso como ejemplo en el Congreso las 7.200 viviendas vacías que ha movilizado Euskadi para el alquiler con el programa Bizigune. El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, recordaba este sábado que Euskadi aglutina el 35% del parque público de vivienda aunque solo representa el 5% de la población. Euskadi tiene ley propia desde 2015, una ley que no apoyó el PNV pero que se ha comprometido a defender aunque no sea suya.
El Govern también recurre
El Govern de ERC también ha confirmado el recurso, y Junts denunció desde el principio una invasión competencial, lo que deja a EH Bildu como la única fuerza abertzale que secunda el discurso del PSOE. Este cúmulo de recursos, sumados a los del PP y los de comunidades populares como Madrid, Andalucía y Baleares, expone al Gobierno español a un fallo que recorte sus pretensiones, aunque en principio tiene una mayoría que puede ser afín a Moncloa. En el caso vasco, se recurren los artículos 3, 16, 17, 10.2, 15.1.d, 15.1.e, 18, y disposición transitoria segunda número 1, disposición final cuarta, disposición adicional tercera y final primera en los apartados 1, 3 y 6. La consejería de Vivienda, por su parte, hacía públicos en diciembre los 41 municipios que pueden declararse como zona tensionada, que aglutinan el 55% de la población de la CAV, y que podrían limitar la subida de los precios si lo desearan.
