Grupos antimilitaristas denuncian en Vitoria la "indecente" financiación pública de empresas armamentísticas

Los grupos antimilitaristas de Vitoria-Gasteiz y Álava Emakumeok Gerraren Aurka, Gerrarik Ez Araba y Herritarrok Gerraren Aurka han denunciado este viernes frente al Parlamento Vasco, con motivo de la aprobación de los presupuestos para 2024, que las empresas armamentísticas vascas "son beneficiarias de una cantidad ingente e indecente de fondos públicos".

Estos colectivos han puesto como ejemplo de esta situación a la empresa ITP Aero, dedicada al diseño, producción y mantenimiento de motores y componentes aeronáuticos de aviación comercial y militar, como el avión de guerra europeo Eurofighter.

Los grupos antimilitaristas de Vitoria-Gasteiz y Álava Emakumeok Gerraren Aurka, Gerrarik Ez Araba y Herritarrok Gerraren Aurka han destacado que en octubre de 2022, el Gobierno Vasco "invirtió seis millones de euros" para poder formar parte del Consejo de Administración de esta empresa, "sin que el objetivo de esta inversión pública sea el facilitar el tránsito de la empresa únicamente a la producción civil".

Durante su concentración frente a la Cámara, también se han referido a Sener, de la que han denunciado que cada vez tiene "una mayor producción militar" y que "es vanguardia en la fabricación de sistemas para misiles". Estos grupos han informado de que según el Ministerio de Defensa, en 2020 esta empresa "fabricó el 18,6% de los misiles exportados en el Estado español".

Asimismo, han explicado que en la actualidad, esta compañía "lidera un proyecto europeo de 'interceptor supersónico', dotado de 110 millones de euros".

Por otra parte, han aludido a Sapa, sobre la que han indicado que "es la única fábrica en Euskal Herria con dedicación exclusiva a la fabricación militar, y principalmente fabrica elementos para tanques y otros vehículos pesados".  

AVAL "FALLIDO"

Estos grupos han denunciado que esta empresa "ha mantenido una estrecha relación con las élites militares del Estado y ha recibido numerosas ayudas económicas y favores políticos por parte de las autoridades vascas", entre los que ha mencionado "un aval de nueve millones de euros que recibió del Gobierno Vasco y que posteriormente fue declarado fallido y asumido por las haciendas vascas".

Ante esta situación, han reclamado que "ni un solo euro de los presupuestos públicos vascos pueda dirigirse a financiar las industrias que directa o indirectamente se dedican a la fabricación de cualquier elemento de uso militar, salvo que sea para su conversión en industrias civiles de utilidad social".

"No queremos ser cómplices de la muerte y la destrucción en Yemen, en Sudán, en Sáhara, en Kurdistán, en Ucrania; ni del genocidio en Palestina", han añadido.