Los grupos parlamentarios intentarán mejorar el proyecto de la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad a través del debate en la Cámara de las más de 80 enmiendas parciales que se han registrado, la mayoría de la oposición, que ha optado por no registrar enmiendas a la totalidad y por tanto no pedir la devolución del texto al Gobierno Vasco.

Este proyecto de ley fue aprobado por el Ejecutivo a finales del mes de julio y este miércoles concluía el plazo para que los grupos registraran las alegaciones. EH Bildu ha formalizado 29, Elkarrekin Podemos IU 28 y el PP una veintena, mientras que Vox y Ciudadanos no han presentado ninguna.

PNV y PSE, los dos partidos socios en el Gobierno vasco han consensuado otras 4 enmiendas parciales.

Agilizar su tramitación

Este proyecto de ley es uno de los dos, junto con el de Transición Energética y Cambio Climático, cuya tramitación parlamentaria se intenta agilizar para que pueda ser aprobado antes de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, convoque las elecciones vascas de 2024 y se disuelva la Cámara.

El objetivo de la ley, que sustituirá si se aprueba a la de 2007, es regular el régimen jurídico de la política pública vasca en materia de cooperación y solidaridad, y ampliar el ámbito de aplicación a los tres niveles institucionales de Euskadi, el municipal, el foral y el autonómico, así como a la Universidad del País Vasco y a Eudel. También pretende simplificar y agilizar los trámites de las ayudas y las subvenciones en este ámbito.

0,7% del presupuesto a política de cooperación

Además busca promover los valores solidarios e impulsar la movilización de la sociedad vasca y sus instituciones.

Las enmiendas del PNV PSE recogen algunas de las aportaciones de distintos colectivos. Así, plantean fomentar el tejido asociativo y proponen cambios en el artículo referido a la financiación.

Se precisa que los presupuestos vascos anuales destinarán "al menos el 0,7 % de su gasto total a la política de cooperación y solidaridad" y se elimina el párrafo del proyecto original que fijaba que este porcentaje fuera sobre "el gasto total no financiero en el horizonte del año 2030".

Añade al respecto que el incremento anual del presupuesto de cooperación será, como mínimo, "proporcional al aumento anual del presupuesto general, todo ello sin tener en cuenta otros fondos que contribuyan al alcance de los objetivos de desarrollo global".

Enmiendas de la oposición

EH Bildu, a través de sus enmiendas, quiere que la ley establezca mecanismos para garantizar que se cumpla el compromiso de dedicar ese 0,7 % "de la Renta Nacional Bruta" a la cooperación a países en desarrollo porque, según argumenta, hasta ahora el Gobierno Vasco no ha cumplido con ese compromiso financiero asumido en las Naciones Unidas.

También la coalición abertzale quiere que la ley otorgue mayor protagonismo a las organizaciones sin ánimo de lucro y que el modelo de colaboración sea público-social en lugar de público-privado.

Elkarrekin Podemos-IU propone que todos los actores que reciban financiación o colaboración pública sean agentes sin ánimo de lucro o sin vinculación con agentes con ánimo de lucro, "como por ejemplo la Fundación del BBVA" y también demanda que se dedique al menos el 0,7 % de los presupuestos a la cooperación desde la entrada en vigor de la ley.

El PP pide que la ley refuerce la seguridad jurídica de la figura del voluntario, que se potencie el papel de la Universidad del País Vasco en materia de cooperación y que las administraciones elaboren planes trienales en este ámbito.