La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apuntado que el PP llamará a comparecer al mediador en las reuniones entre PSOE y Junts a la comisión de investigación en el Senado que ayer anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que se impulsará "pronto".
"Todo aquel que sea acordado que comparezca tiene la obligación de comparecer y eso permite que pueda comparecer por ejemplo ese mediador internacional o mediadores internacionales", ha señalado la número dos del PP en un almuerzo informativo del Club Siglo XXI.
A continuación Gamarra ha explicado además que lo último que han escuchado de Sánchez es que había cuatro mesas de diálogo con Junts y ERC y "dos relatores internacionales".
Por ello, el PP tramitará "pronto" la comisión de investigación porque quieren saber de qué levanta acta un relator internacional "fuera de nuestras fronteras" y también quién paga sus honorarios.
"Pedro Sánchez es una marioneta. La primera sesión de control se produjo en Ginebra, hace unas semanas, y lamentablemente los españoles no saben ni quién ha llevado a cabo ese control", ha denunciado Gamarra.
La comisión se pondrá en marcha "pronto"
Pese a las pregunta de los periodistas, la secretaria general del PP no ha adelantado si entre los comparecientes de la comisión estarán Arnaldo Otegi o Carles Puigdemont" y se ha limitado a señalar que acudirán todos los que puedan esclarecer a los españoles los pactos "ocultos" de Sánchez.
Lo que sí ha adelantado es que la comisión se pondrá en marcha "pronto" porque el PSOE ha empezado ya a negociar en Ginebra y ha recalcado que esta comisión no se relaciona solo con la amnistía sino que va más allá pues el independentismo catalán está hablando ya "sin reparos" de referéndum.
Además, Gamarra ha defendido que la Cámara Alta investigue acuerdos entre dos partidos políticos con el argumento de que de los pactos del PSOE con Junts y ERC depende la gobernabilidad del país.
Por otra parte, y preguntada por el techo de gasto, ha avisado que su partido no acepta "chantajes" y ha reclamado que el Ministerio de Hacienda haga público el informe de la Abogacía del Estado que sostiene que si el Senado rechaza la senda de déficit se aplicarían las metas de plan de estabilidad, lo que recortaría la capacidad de gasto de autonomías y municipios.
