Ley de Educación, del gran pacto educativo a estar en el filo de la navaja

Euskadi presumía entonces de un gran pacto educativo, que obtuvo el apoyo del 90,6% de la Cámara Vasca; es decir, fue respaldado por 68 de los 75 parlamentarios y parlamentarias, todos los grupos salvo PP+Cs y Vox. Sin embargo, mucho ha llovido desde entonces.

Pese al inicio de su tramitación con un amplio consenso inicial, pronto llegaron las llamadas al diálogo del consejero de Educación. El primero en descolgarse del gran pacto fue Elkarrekin Podemos-IU.

Decepción de Elkarrekin Podemos-IU

La coalición de izquierdas mostró una "profunda decepción" con el texto y anunció incluso una enmienda a la totalidad. "No hay contenidos que refuercen la escuela pública ni la lucha contra la segregación" sentenció su portavoz, Miren Gorrotxategi, el pasado 25 de abril.  Elkarrekin Podemos-IU no acudió aquella tarde a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto educativo.

A su juicio había un "nulo interés" por situar a la escuela pública como "eje vertebrador" y blindaba “la concertación universal". "Sobre un edificio con cimientos podridos difícilmente puede alzarse una buena casa", arremetió Gorrotxategi.

Críticas y dudas

No fue el único escollo a salvar tras la presentación del texto. Mención especial merece el pulso y la negociación de los últimos meses entre PNV y PSE. Y es que, 24 horas después de que se conociese el texto, los socialistas criticaron abiertamente la ley, pese a partir de un Gobierno del que forman parte.

“No entiendo la sorpresa del consejero con la posición de los socialistas vascos ante la nueva Ley de Educación. Le recomiendo que hable más con su partido y con el lehendakari porque fueron informados de nuestras reservas”, llegó a afirmar entonces Eneko Andueza.

Una postura que contrastó con la manifestada, aquel 26 de abril de 2023, por EH Bildu. Hace tan solo cinco meses, el portavoz de EH Bildu en esta materia, Pello Otxandiano, dijo ver bases positivas, como el blindaje de las ikastolas privadas como servicio público a la par que los colegios de titularidad pública.  

Sin embargo, también anunciaba la presentación de enmiendas al apreciar puntos que debían “ser mejorados”. Cada centro, reclamaba, debía plantear un marco para lograr “euskaldunes plurilingües” con un B2 de nivel en ambas lenguas oficiales al término de la enseñanza obligatoria.

Acuerdo in extremis

En las últimas horas PNV y PSE han zanjado sus diferencias y han conseguido reconducir el conflicto. Así ha quedado plasmado tras el registro- este martes y de manera conjunta- de sus 26 enmiendas, según las cuales se trabajará “sobre la base del sistema de modelos lingüísticos vigentes”, pero será cada centro quien lidere su propio proyecto para adaptar dichos modelos con el objetivo de garantizar un perfil B2 en el conocimiento del euskera y el castellano al final de secundaria.

La idea es que cada escuela lidere su proyecto educativo, en un marco común, pudiendo amoldarse a “las características sociolingüísticas y socioeconómicas de cada entorno, incluidas las particularidades específicas del alumnado” y de sus familias. No obstante, se ha establecido el objetivo de que el “alumnado adquiera el nivel lingüístico y las competencias necesarias requeridas al final de cada etapa educativa”.

Modelos lingüísticos

Cabe destacar que EH Bildu siempre ha mostrado crítico con la posibilidad de que se mantengan los modelos lingüísticos actuales. Bildarratz ha reconocido este miércoles que los actuales “no responden” a las necesidades de los centros ni de la realidad social, aunque ha señalado que “seguirán vigentes” hasta que no se apruebe un decreto "que los desarrolle o actualice".

Así ha quedado reflejado en la enmienda acordada por 'jeltzales' y socialistas donde se subraya que "cualquier desarrollo o actualización" de los modelos deberá realizarse "mediante el desarrollo reglamentario, garantizando aquellos mismos derechos y principios" que los contemplados en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 y en la Ley de Normalización del Euskera de 1982.

Este punto se plantea ahora como el último obstáculo a salvar en la tramitación de la futura Ley de Educación.