El debate sobre el modelo territorial y las aspiraciones de Euskadi y Catalunya está a punto de abrirse de par en par en el Estado español, porque Pedro Sánchez necesita el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, que le van a exigir valentía en ese terreno si quiere ser investido como presidente y asegurarse la estabilidad en el transcurso de la legislatura. En este momento de efervescencia, el lehendakari Urkullu ya refrescó hace unos días su apuesta por activar una convención constitucional como foro de debate, y este mismo lunes, en el acto de apertura del año judicial, ha repetido otra propuesta ya conocida en su discurso: la descentralización del poder judicial en el Estado. En anteriores ocasiones, ha pedido expresamente una justicia propia vasca, de manera que la última instancia judicial esté en Euskadi y que la comunidad autónoma tenga capacidad para elegir a sus jueces.
En su discurso con motivo de la apertura del año judicial, ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, Urkullu ha dejado caer esta apuesta en las últimas frases de su discurso. “El poder judicial no debe ser ajeno a la conformación territorial descentralizada del Estado. Que esto suscite controversia es llamativo. Más si se repara en que el poder judicial es, por definición, un poder atomizado y no unitario, ya que lo encarnan todas y cada una de las y los jueces y magistrados. Esta circunstancia no debería olvidarse a la hora de buscar una adecuación flexible del poder judicial, y su gobierno, acorde con un Estado compuesto. Espero que este año judicial contribuya a seguir fortaleciendo una administración de Justicia cercana y de calidad, clave para el bienestar y la convivencia de todas las personas”, reivindicó.
Hasta ahí llegaron las alusiones del lehendakari, pero basta con recurrir a sus discursos previos para desentrañar el alcance de la propuesta, que en esencia pasa por una justicia vasca. Iñigo Urkullu ya defendió el año pasado esta idea, y ofreció mayores detalles en una intervención en el Parlamento del mes de noviembre. El lehendakari presentó entonces su propuesta como una conclusión natural: Euskadi ya cuenta con un poder ejecutivo y un poder legislativo propios, es decir, redacta sus propias leyes y tiene un Gobierno que las aplica, y no sería disparatado que pudiera contar además con un poder judicial propio que interpretara esas normas desde la cercanía. Citó los casos de Suiza, Alemania, Canadá o Estados Unidos, países todos ellos que son realidades compuestas, y que tienen un poder judicial general, federal, pero al mismo tiempo permiten a sus estados federados que tengan sus propios tribunales para decidir sobre las leyes de sus territorios. Los tribunales del Estado mantienen, eso sí, la competencia sobre las leyes estatales o la normativa constitucional.
Urkullu buscó un anclaje estatutario a su propuesta y esgrimió los artículos 13 y 14 del Estatuto de Gernika, en virtud de los cuales “en relación con la Administración de Justicia, el País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del consejo general del poder judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno”.
En aquel momento, Urkullu puso sobre la mesa los derechos históricos, y que Euskadi tiene un derecho civil propio y una junta arbitral, de manera que podría considerarse un ámbito federal. Y añadió que la principal diferencia entre un Estado federal y otro autonómico es que, en el segundo caso, el poder judicial no está repartido.
Euskera, pandemia, competencias...
Así se expresó el lehendakari en noviembre, tras una pregunta de Vox que trató de echar por tierra su propuesta como si todo se redujera a un interés espurio, a nombrar jueces de la cuerda del PNV. El contexto venía dado por las sentencias del Tribunal Constitucional que han erosionado el autogobierno, pero también por algunas sentencias de la Justicia en suelo vasco que ponen límites al uso del euskera en la Administración pública, o que han cuestionado las medidas puestas en marcha durante la pandemia del coronavirus. Por tanto, la problemática no se solucionaría simplemente solicitando que la justicia vasca sea la última instancia, sino teniendo la capacidad de nombrar a los jueces desde Euskadi y no desde el Consejo General estatal.
Inversión en Justicia
En su intervención de este lunes en la apertura del año judicial, Urkullu ha reivindicado también la inversión de su Gobierno para reforzar el ámbito judicial con nuevos edificios para la Fiscalía de Bizkaia, para los servicios de cooperación con la Justicia cerca de los juzgados de Donostia, o para la gestión de penas en Gasteiz. “Seguimos dando pasos, realizando un gran esfuerzo presupuestario. Somos conscientes de que invertir en Justicia es invertir en bienestar. Respondemos con todo ello al compromiso recogido en nuestro programa de Gobierno: avanzar en una Justicia cada vez más moderna, ágil, eficaz y digitalizada”, dijo. Mencionó igualmente el Plan de Sedes Judiciales Sostenibles 2030.
Urkullu destacó estas actuaciones dentro de un análisis general donde puso en valor el esfuerzo que estaría realizando su Gobierno para impulsar la Justicia, recuperar la normalidad previa a la pandemia, y alcanzar acuerdos con los sindicatos, jueces y fiscales para la “estabilidad y concordia”, porque los tiempos de espera para ser atendido en los tribunales afectan a la “seguridad jurídica y la confianza en el servicio público”. A esta situación le contrapuso el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial español, donde pidió primar el bien común sobre los intereses partidistas porque “quien sale perjudicada es la ciudadanía, además de la propia institución de la Justicia y su imagen social”.
