La jubilación de Mozo deja en vilo la presidencia del CGPJ a cuatro días del 23J

A priori, la sustitución debería de zanjarse de manera automática puesto que el Consejo estableció una normas de suplencia cuando Mozo asumió el cargo el pasado octubre, que dejaban claro que el presidente suplente será siempre el vocal de más edad, por lo que el escenario pasa por el conservador Vicente Guilarte.

Fuentes jurídicas explican que ese es el escenario natural y consensuado por los vocales, pero existe una variable que puede truncar los planes del Consejo, que no es otra que la dedicación exclusiva que comporta la presidencia del órgano.

Porque resulta que Guilarte no es miembro de la Comisión Permanente y, por tanto, no tiene dedicación exclusiva, por lo que puede seguir desempeñando su profesión de abogado, lo que resultaría del todo incompatible si ocupara la presidencia interina.

El sustituto de Mozo en el aire

Las fuentes explican que el pleno ordinario del miércoles servirá para ejecutar la jubilación de Mozo y la aplicación del mecanismo que atribuye la presidencia al vocal de más edad.

Ahora bien, si ese mismo día e, incluso, en los días siguientes Guilarte argumenta que no está en condiciones de presidir el órgano de gobierno de los jueces, el asunto se complica doblemente.

Primero, porque dentro del órgano de gobierno de los jueces algunos creen que llegado el caso, se debería seguir aplicando el mecanismo de sustitución previsto, es decir, de Guilarte saltaría a Wenceslao Olea para que no haya ningún vacío de poder, dado que Mozo deja de ser presidente el mismo miércoles 19.

Mientras que otros opinan que habría que convocar un pleno extraordinario y estudiar a fondo esta cuestión, ya que el mecanismo que se dieron los vocales no contempla renuncias cuando por imperativo legal el vocal de más edad debe asumir el cargo.

Pero, además, habría que estudiar las consecuencias de una hipotética renuncia de Guilarte, en particular, si ello supondría también su renuncia como vocal, porque hay voces que consideran que sí por tratarse de un imperativo legal. Si no acepta, entonces no se sostiene que siguiera como vocal, añaden las fuentes.

A días de las elecciones

Y todo esto se producirá a cuatro días de las elecciones generales en las que todas las encuestas apuntan a una victoria del PP. Tras la jubilación de Mozo, el CGPJ contará con una mayoría conservadora de 10 a 6 en el actual Consejo, que se antoja crucial a corto plazo.

Porque el programa electoral del PP recoge no solo que reformarán el sistema de elección de los vocales para dar más peso a los jueces en su renovación, sino que derogarán la norma que impide el normal funcionamiento del CGPJ par que así pueda realizar nombramientos pese a tener el mandato caducado. 81 pendientes, de los cuales 20 de ellos en el Supremo, que son vitalicios. Con esa mayoría, los conservadores no necesitarían de acuerdos con los progresistas.

Ambas reformas discurrirían en paralelo, si bien la que afecta al sistema de elección requiere siempre de más tiempo e informes, lo que no ocurre con la devolución de las competencias para nombrar, cuyo trámite es más ligero, que no inmediato.

Por ello, las fuentes no descartan en absoluto que el Consejo nombrado en 2013 pueda recuperar sus funciones dando inicio así a su tercera legislatura con su tercer presidente, a la espera de ver qué ocurre con la renovación del órgano, si se retoma en los primeros días del nuevo Gobierno o se condiciona a esa reforma judicial que obligatoriamente alargaría los tiempos para esa renovación.

Las fuentes verían extraño que el PP invirtiera el orden y priorizara renovación y luego reforma, que es lo que insiste la UE, pero recuerdan que en política todo es posible y la renovación es un cuestión política.

Sea como fuere, el actual presidente ya lo verá desde fuera al dejar un Consejo fracturado tras la amenaza de un sector de los progresistas de dimitir en bloque; cada vez más menguante por la salida de vocales que no son reemplazados y con la incertidumbre de qué ocurrirá tras las elecciones, después de comprobar en primera persona que durante su mandato no hubo un solo intento real y tangible de renovar el Poder Judicial.