Ni siquiera había nacido y ya tenía sobrenombre. La ‘ley mordaza’ o de Seguridad Ciudadana va camino de cumplir ocho años, aunque nada más aprobarse los partidos de izquierdas se conjuraron para acabar con ella, una promesa incluida en el pacto del Gobierno de coalición que nadie ha podido cumplir en más de cinco años y dos intentos frustrados.
El último ha tenido lugar este martes cuando el bloque de los seis partidos favorables a su reforma -PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts- no han conseguido sumar sus votos para aprobar el dictamen de la modificación en la Comisión de Interior, el penúltimo paso parlamentario antes de la votación en el pleno del Congreso para dar el visto bueno a una nueva ley.
Esta es la ocasión que la vigente norma, aprobada con la mayoría absoluta del PP en 2015, ha estado más cerca de su final, aunque en un primer intento el consenso parlamentario era mayor y lo que hizo fracasar la reforma, también casi ultimada, fue la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de 2019.
Las diferencias han sido insalvables en cuatro aspectos: eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio, el rechazo de migrantes en frontera y añadir "mayor objetivación" en la desobediencia y faltas de respeto a los agentes.
Estos son los hechos más relevantes para acabar con una ley que "presume" de ser la normativa más empleada durante el estado de alarma, de lograr el respaldo del Tribunal Constitucional en la mayoría de su articulado y ahora también de sobrevivir a su destino.
2017: PRIMER PASO PARA DINAMITAR LA LEY CON EL PP EN MONCLOA
El 21 de marzo el Pleno del Congreso daba el primer paso para modificarla al dar luz verde a la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE, que apostaba pro derogarla, y del PNV, que pedía revisarla en 44 apartados.
Con el PP aún en la Moncloa pero con minoría parlamentaria, PSOE, ERC, Unidos Podemos y PNV expresaron sus quejas con los retrasos en la tramitación.
2018: LA MOCIÓN DE CENSURA DESPIERTA LA REFORMA
El entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, del PP, tendió diálogo al PSOE, aunque advirtió de que una derogación generaría "un vacío normativo de imprevisibles efectos".
La propuesta, sin embargo, siguió durmiendo en un cajón y no sería hasta octubre, meses después de la moción de censura al presidente Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez en el Gobierno cuando la iniciativa se desempolvó para echar a andar en ponencia.
2019: LAS ELECCIONES DE ABRIL FRUSTRAN UNA NUEVA LEY
Tras escuchar a catorce comparecientes los diputados tuvieron en febrero una última reunión para dar carpetazo a sus propuestas por las elecciones del 28 de abril que obligaron a disolver las Cortes.
Los portavoces de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos coincidieron en que los trabajos estaban muy avanzados y que solo restaban dos o tres reuniones para presentar un dictamen.
2020: LA NORMA MÁS USADA EN PANDEMIA
Frustrada su reforma, la ley se convirtió en protagonista inesperada de la pandemia del coronavirus. Fue la norma más empleada para sancionar por desobediencia a quienes se saltaban las restricciones impuestas por los estados de alarma. En el primero -del 14 de marzo al 20 de junio- las multas resueltas por infracciones graves supusieron 115 millones de euros.
Con todo, fue también el año en que se inició el segundo intento. En septiembre todos los partidos, excepto PP y Vox, daban su visto bueno a la misma iniciativa que el PNV presentó en 2017.
2021: CON PASO LENTO, LA PROMETIDA REFORMA DESPEGA
En febrero, la reforma superó la enmienda a la totalidad del PP y retomó su tramitación. Pese a figurar en el pacto de coalición del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, la tramitación no despegaba y al dilatar el plazo de presentación de enmiendas durante un año, hasta que en noviembre de 2021 y tras más de 40 prórrogas, se desatascó.
PSOE y Unidas Podemos parecían decididos y presentaron un paquete conjunto con más de 40 modificaciones contra las que 20.000 personas, en su mayoría policías nacionales y guardias civiles protestaron en Madrid el 27 de noviembre por entender que los cambios les dejaban "indefensos".
2022: IMPULSO DE LOS GRUPOS PRO REFORMA QUE LLEGAN A PUNTO MUERTO
El año arrancó con la celebración de varias sesiones de ponencia. Los partidos iban pactando retoques a la norma desde el inicio y salvaron sin dificultad los cambios planteados hace años como los cacheos o el plazo máximo para identificaciones en comisaria.
Pero en marzo se constató que se había llegado a punto muerto tras no poder avanzar con acuerdo en más preceptos.
Ante el parón de los trabajos, los grupos pro reforma decidieron retomar las negociaciones e intentar llegar a acuerdos para trasladar a la ponencia.
Tras una treintena de reuniones y pactar cambios en otros 15 artículos volvieron a ponencia, aunque encima de la mesa no hay consenso sobre los cuatro puntos más calientes de la norma: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.
2023: LA DEBACLE
El pasado 1 de febrero se cerró la ponencia con un informe que tras año y medio de negociaciones y medio centenar de reuniones formales e informales modifica 36 de los 54 artículos pero no incorpora ningún acuerdo sobre los cuatro artículos que desde el inicio marcan las discrepancias, especialmente el material antidisturbios.
Los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no han sido suficientes para sacar adelante el dictamen, que han rechazado ERC, EH Bildu y Junts junto con los votos de PP, Vox, Ciudadanos y UPN que han conseguido sumar 19.
