PNV y EH Bildu han realizado un llamamiento a "poner pie en pared" ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra exigencias de perfiles de euskera, la última en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana Uliazpi, al considerar discriminatorio que se aplicase a 32 de los 34 puestos ofertados para cuidador.
Por su parte, el PSE-EE ha pedido una aplicación "responsable" de los perfiles lingüísticos, Elkarrekin Podemos-IU ha apelado a los consensos para evitar "conflictos" y el PP ha llamado a que las instituciones hagan una reflexión ante "los reveses judiciales".
En el debate del Parlamento en las ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el parlamentario jeltzale Aitor Urrutia ha señalado que tiene la impresión de que el Poder Judicial "se está inmiscuyendo en la capacidad de organización y autoorganización de las instituciones públicas". "Y eso, independientemente de consideraciones políticas sobre la cuestión, es una cosa sobre la que tendríamos que poner pie en pared", ha asegurado.
En su opinión, la cuestión central en este asunto "son los derechos lingüísticos de los ciudadanos" y ha preguntado si se deben "aplicar índices en todos los derechos". "Claro que hay que respetar las realidades sociolingüísticas y se respetan, pero parece que hasta donde la realidad sociolingüística es más euskaldun, hay que limitar, un vez más, los derechos lingüísticos de los ciudadanos", ha añadido.
El dirigente del PNV ha señalado que "hay que garantizar, desde el empleo público, los derechos de familias y residentes para poder ser atendidos en euskera".
"EUSKAROFOBIA"
Por su parte, el representante de EH Bildu Iker Casanova ha denunciado que los tribunales "están actuando desde una posición absolutamente ideológica y euskarófoba" que lleva a "un clarísimo retroceso" en los derechos de los euskaldunes "que obliga a poner pie en pared".
A su juicio, estas sentencias se enmarcan en "una campaña en contra del euskera" y de otras lenguas del Estado, que no sean el castellano, "que empezó la extrema derecha" y a la que se han sumado algunos otros sectores políticos y sindicales. "Y han tenido mucho eco la Judicatura vasca que, con entusiasmo, se está dedicando a cercenar los derechos lingüísticos de la ciudadanía", ha añadido.
Para el representante de EH Bildu, esto es "grave" porque se trata de sentencias dictadas por el TSJPV y "por la argumentación que da que en algún momento roza lo kafkiano, porque poco menos que reivindica el derecho a ser funcionario". "Evidentemente todo el mundo tiene derecho a ser funcionario si reúne los requisitos que se requieren para ser funcionario", ha remarcado en alusión al conocimiento del euskera.
En este sentido, ha destacado que la formación soberanista ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento vasco para que "se rechace esta sentencia" de Uliazpi y que se articulen mecanismos para devolver a la Cámara "la capacidad de determinar normativamente los requisitos que se plantean a la hora de acceder a algún puesto".
EH Bildu ha reclamado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que impulse "un pacto de país en defensa del euskera". "Como sociedad tenemos que dar respuesta para evitar retrocesos en una cuestión muy delicada como el euskera y la normalización lingüística", ha añadido.
ÍNDICES SOCIOLINGÜÍSTICOS "OBLIGADOS"
La socialista Gloria Sánchez ha recordado que no se puede olvidar que en esta OPE se exigía el euskera al 94% de las plazas ofertadas cuando los índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento que rigen todas las normativas desde hace décadas situaban el objetivo para los funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa en un 65%.
"Desde este punto de vista, no podemos sino respetar el derecho de los aspirantes a recurrir aquella convocatoria, que a la vista de las exigencias, parecía excesiva", ha manifestado.
En esta línea, ha recordado que el PSE-EE "lleva tiempo abogando por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos", y que los requisitos se ajusten "a los correspondientes índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento".
"Los socialistas estamos pendientes para que no haya excesos, pero también vamos a defender la aplicación sensata de los perfiles y la autonomía de cada institución a la hora de establecer los requisitos para establecer a los puestos de trabajo", ha destacado.
Sánchez ha abogado por "adecuar la exigencia del euskera a cada puesto y a la realidad lingüística en la que se vaya a trabajar", de forma que haya "perfiles asimétricos". "MOVER CIMIENTOS SÓLIDOS".
Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha dicho que "cada sentencia del TSJPV viene a mover unos cimientos que parecían muy sólidos, pero que no lo son tanto". "Ante estas sentencias, la sociedad está reconociendo que existe un panorama sociolingüístico en el territorio que no ha ido acorde con la legislación vigente o que esta legislación no se ha actualizado a lo que realmente ocurre", ha manifestado.
En esta línea, ha señalado que el euskera "es patrimonio y parte fundamental de la cultura vasca y del país, que es un derecho y una oportunidad". "Estamos hablando de dos derechos: el de poder trabajar en la función pública, pero también el que tiene la ciudadanía a relacionarse en euskera con la Administración, y tenemos que buscar consensos más que conflictos", ha aseverado, para instar a no usar el euskera "como arma arrojadiza porque va a perder la sociedad".
El representante de PP+Cs Carmelo Barrio ha afirmado que son algunas administraciones las tienen que hacer una reflexión ante los "muchos reveses judiciales" que están teniendo, y ha recordado que los tribunales "solo cumplen las leyes".
REFLEXIÓN DE LAS INSTITUCIONES
Por ello, ha instado a respetar y cumplir las resoluciones judiciales. "La desproporción de exigir el euskera al 94% de las plazas no es realista ni equilibrada", ha enfatizado, para defender el "derecho de los castellanoparlamentes".
Barrio ha considerado que las instituciones, a la hora de tomar decisiones para acceder determinados empleos públicos, "lo tienen que hacer de una manera legal, proporcional y equilibrada". "Cuando se toman decisiones mal, se neutralizan judicialmente, y no se puede pensar que eso es antieuskera ni euskarófobo ni nada de eso. Eso es poner las cosas en su sitio y que las instituciones respeten una realidad social que existe en nuestro país, también en Gipuzkoa", ha manifestado.
