La Ley de Memoria Histórica y Democrática dará una "reparación integral" a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, las "cuantificará" en un censo que no se limitará a los muertos e incluirá un reconocimiento expreso de la violencia "específica, generalizada y sistemática" sufrida por las mujeres.
Estas son algunas de las enmiendas a la ley planteadas por Elkarrekin Podemos-IU y aceptadas por los grupos que sustentan al Gobierno vasco, PNV y PSE. El acuerdo se traducirá en el apoyo de la coalición morada al texto cuando se vote en pleno en el Parlamento Vasco.
Los parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi y Jon Hernández se han felicitado de que "la mayoría" de sus 60 enmiendas han sido incluidas y han confiado incluso en introducir más. Sus aportaciones ha transformado un texto "flojito" en una ley "mejor y más justa" que "supera la reparación "moral" para ofrecer una "integral".
Entre las novedades, la condición de víctima no se limitará a los fallecidos, sino que se amplía el catálogo a heridos, represaliados, "voluntarios internacionalistas" y "guerrilleros antifranquistas", además de las mujeres, cuyo sufrimiento será recogido de manera específica.
Se abre también la puerta a conceder indemnizaciones económicas "cuando proceda" -hay víctimas ya reconocidas por normas estatales o iniciativas vascas previas- aunque no se concreta una baremación por ser este aspecto "una línea roja para el Gobierno vasco", ha explicado Hernández.
Ese "trabajo técnico" de definir las cantidades se hará más adelante y debería contar con el asesoramiento de grupos memorialistas y ser "equiparables" a las indemnizaciones recibidas por otras víctimas de violencia, según la coalición morada.
La ley establecerá además que todos los años los presupuestos destinen dinero para cumplir con ella, de manera que "se evite que un gobierno decida no aplicarla".
Se diseñará también un plan para la eliminación de símbolos franquistas que incluya los arquitectónicos, como edificios y escudos, aunque como estos son de difícil desaparición, se optaría por una "resignificación" de los mismos.
La norma tendrá por otro lado "la impronta de la legislación internacional" para dejar claro que "los crímenes del franquismo ni prescriben ni pueden ser amnistiados".
Hernández ha admitido sin embargo que una ley autonómica no "puede implementar la imprescriptibilidad ni la 'no amnistía'", aunque sí lo hace el derecho internacional y ahora se quiere que el texto vasco se interprete conforme a estos principios.
"No hemos logrado todo que queríamos pero sí cosas importantes", ha valorado Gorrotxategi, que ha enmarcado el acuerdo en la "oposición firme y constructiva" de su grupo, que también se ha traducido en acuerdos en otras leyes importantes como la reforma de la RGI.
El anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática prevé desde su redacción inicial un futuro Día anual de Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar de 1936 y la Dictadura, la creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica y la creación de un Centro Documental .
La norma recoge un régimen sancionador que incluye multas de hasta 10.000 euros por enaltecer el franquismo, aunque se puede llegar a los 150.000 euros por actuaciones como destruir fosas de la Guerra Civil o destruir y ocultar "documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad".
La tramitación del texto se está prolongando en el tiempo. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno en julio de 2021 fue remitido al Parlamento Vasco en septiembre de ese mismo año.
En enero de 2022 el grupo de PP+Cs detectó que el Gobierno vasco había remitido una versión incorrecta del texto y pidió reiniciar la tramitación parlamentaria. La Mesa del Parlamento consideró que los cambios no eran "sustanciales" y que por tanto las comparecencias de expertos para hacer aportaciones al texto eran válidas.
Se amplió eso sí el plazo de presentación de enmiendas hasta finales de mayo y en junio tuvo lugar el pleno en el que se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PP+Cs y Vox, que se oponían al texto por no incluir a las víctimas de ETA.
Superado este trámite se constituyó la ponencia para debatir y votar las enmiendas de los grupos, entre cuales serán aprobadas "la mayoría" de las Elkarrekin Podemos-IU, lo que se traducirá en el respaldo de los morados al texto.
