El ministro José Luis Escrivá no ha querido conceder una pequeña tregua para abrir un proceso de diálogo e información con las instituciones vascas sobre el macrocentro de refugiados que pretende abrir en Gasteiz, con 350 plazas. Ha llevado ya al Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras a pesar del rechazo del PNV y de las peticiones que le habían llegado por carta desde la consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y desde la Alcaldía de Gorka Urtaran. Sus planes siguen adelante y, además, los acelera por la vía de urgencia.

La Secretaría de Estado de Migraciones, encuadrada en el Ministerio de la Seguridad Social, ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado el concurso de licitación de las obras para rehabilitar la clínica Arana a tales efectos, y lo ha hecho además por el procedimiento de urgencia, dando cuatro meses de plazo para redactar el proyecto, y doce para ejecutar la obra a partir de su aprobación. Se escuda en la “fuerte presión migratoria” y razones de interés público para pisar el acelerador y arrancar un proceso sin haber siquiera respondido a las cartas de la consejera Beatriz Artolazabal ni del alcalde Gorka Urtaran ni haberles trasladado documentos sobre las características del proyecto. Cuando se conoció la noticia, aún seguían sin disponer de datos. 

El propio PNV en el Congreso, por boca de Aitor Esteban, había tratado de mantener un tono conciliador y la mano tendida hace unos días en una entrevista con este periódico, donde se mostró convencido de que la situación podía reconducirse aunque la Secretaría de Estado de Migraciones había rechazado dar marcha atrás. Solo se han producido unas aproximaciones informales de Escrivá al PNV en el Senado que el grupo jeltzale en esa Cámara ni confirma ni desmiente a este periódico. 

Denis Itxaso informa a los vecinos

Se da la circunstancia de que, mientras se mantiene esta falta de información fehaciente a las instituciones vascas afectadas (el Gobierno vasco seguía sin un documento sobre la mesa), los socialistas mantienen su agenda de contactos con todo tipo de agentes y con la sociedad para tratar de hacer pedagogía con un macrocentro que no se ha entendido ni se ha acogido como esperaban. El delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, informará sobre el proyecto el lunes a las 18.30 horas en el salón de actos del centro cívico Arana, una convocatoria para el vecindario que, al tener aforo limitado, requiere inscribirse con un formulario que está colgado en la web municipal y que remite al correo electrónico de la concejalía de Participación Ciudadana, liderada por el socialista Borja Rodríguez.

PNV y PSE han apostado públicamente por blindar la estabilidad del Gobierno vasco poniendo el foco en lo que les une, pero parece claro que a nivel de partido este debate se está deslizando ya por la pendiente de la precampaña electoral: el secretario general del PSE, Eneko Andueza, acusó de xenofobia al PNV, y fue el primero y único en vincular el rechazo del PNV al centro y la condición de Beatriz Artolazabal como candidata jeltzale a la alcaldía de Gasteiz. La consejera había censurado el modelo de macrocentros y el riesgo de crear guetos con las mismas palabras que las asociaciones Zehar Errefuxiatuekin y Cáritas. Comparte la necesidad de plazas, pero aboga por recursos de otras dimensiones, más cercanos y en comunidad.

Este mismo jueves, Artolazabal ha ofrecido una entrevista en Radio Euskadi antes de conocerse por la prensa la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Artolazabal seguía defendiendo, antes de conocer esa noticia, que quedaba “tiempo para la reflexión y para el diálogo”. Recordó que envió una carta al ministro y que no ha recibido respuesta. Puso en evidencia que, en cambio, Andueza se está reuniendo con las asociaciones y que Denis Itxaso lo hará con los vecinos, algo que le parece correcto pero que pone aún más de manifiesto lo injustificado de la ausencia de información a las instituciones vascas. “Me sorprende un poco que nosotros como Gobierno todavía no tengamos información de primera mano de en qué consiste ese centro, yo no he recibido respuesta del Ministerio y, en cambio, se han celebrado otras reuniones, que me parecen perfectas porque es lo que hay que hacer. Pero también el Gobierno vasco debería conocer los detalles y, en este momento, todavía no tengo encima de la mesa ningún documento”, lamentó. Tampoco Urtaran la ha recibido.

El Ministerio alude a las "obligaciones del Estado"

Según la licitación de las obras de rehabilitación, que tendrán un coste estimado de 14,6 millones, la tramitación será urgente por “la necesidad de contar con los servicios y obras especificados para responder a la situación de fuerte presión migratoria y poder cumplir con las obligaciones actuales del Estado en materia de inmigración, por lo que existen razones de interés público para acelerar la tramitación del correspondiente expediente de contratación”. El plazo para recibir ofertas acaba a las 18.00 horas del miércoles día 8. Si no se reconduce y se acaba adjudicando la obra, este caso va a guardar similitudes con el momento previo a la transferencia de las prisiones: el Estado toma decisiones y después transfiere la competencia a Euskadi, cuya gestión queda hipotecada por estas decisiones en sus primeros compases.

El PNV blinda el "modelo vasco"

El propio PNV ha centrado su reacción a esta noticia en denunciar la unilateralidad del Estado pero, al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje de calma garantizando que lo sucedido no va a comprometer el modelo vasco centrado en unas condiciones de vida dignas. Con esta decisión ya consolidada porque Escrivá no ha atendido las peticiones de diálogo, el PNV no echa más gasolina y se centra en garantizar que lo ocurrido “no va a desalentar” a los jeltzales en la defensa de “un modelo vasco de acogida”, con unas “condiciones de vida dignas” y esperanzas de futuro. “Seguiremos defendiéndolo y promoviéndolo en colaboración con las asociaciones y entidades que en Euskadi están volcadas en esta tarea”, zanjaron. A través de Twitter, criticaron que el Gobierno español haya optado por “la unilateralidad y el Boletín Oficial del Estado”. “Lamentamos profundamente que haya desoído el llamamiento al diálogo institucional”, dijo el partido jeltzale, socio de investidura de Pedro Sánchez.