El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha remitido este jueves una carta al jefe del Ejecutivo autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le pide no anular, rebajar o condicionar los derechos de las mujeres "apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales".
En su misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Sánchez agradece el "acatamiento de los requerimientos" realizados por el Gobierno central a la Junta de Castilla y León, que se desprende de la respuesta que dio por carta Fernández Mañueco, en la que negaba la modificación de los protocolos de aborto, y de las sucesivas declaraciones públicas en este sentido.
Una rectificación que el presidente del Gobierno español agradece "no solo en lo que respecta al cumplimiento de la legalidad, sino sobre todo por la tranquilidad que esto proporciona a las mujeres que residen en Castilla y León al ver que se rectifica una decisión que ponía en peligro sus derechos y cuestionaba la madurez y autonomía de sus decisiones".
No obstante, Sánchez ha advertido de que su Gobierno se reserva la posibilidad de "actuar en defensa de la legalidad vigente en materia de salud sexual y reproductiva si en algún momento llegase a materializarse por cualquier vía el anuncio de la Junta de Castilla y León".
Castilla y León condena la "sobreactuación" de Sánchez
Por parte de la Junta de Castilla y León, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo regional, se considera que esta carta del presidente del Gobierno español no es más que "palabrería", pues el asunto al que apela "ya está zanjado" y han condenado la "sobreactuación" de Sánchez.
En la carta, Sánchez manifiesta que confía en que esta "controversia" haya quedado resuelta "asegurando la plena vigencia de los derechos y la autonomía de las mujeres", al tiempo que ha reiterado la "plena disposición del Gobierno de España para trabajar conjuntamente en beneficio de la ciudadanía de Castilla y León".
Asimismo, ha recordado a Mañueco que la Constitución incluye entre los valores superiores del ordenamiento jurídico, la igualdad y la libertad y reconoce como derechos fundamentales la dignidad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres.
Además, ha incidido, acuerdos internacionales como el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, que España ha ratificado, establecen como objetivos la lucha contra la violencia psicológica o las coacciones.
"Esto no es una mera formulación retórica, sino un mandato político y ético para quienes ejercemos responsabilidades públicas", ha expresado el presidente del Gobierno central, que ha pedido, por lo tanto que cualquier instrumento o estrategia deben estar guiados por estos principios: "En ningún caso cabe anularlos, rebajarlos o condicionarlos apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales".
Finalmente, Sánchez ha recordado que España es hoy "uno de los países de referencia en materia de igualdad de género" gracias a la legislación desarrollada estos últimos años para remover las dificultades que impiden a las mujeres desarrollar con autonomía su proyecto vital, también en lo que se refiere a su decisión sobre si continuar o no con su embarazo.
"Este marco legal cuenta, afortunadamente, con un amplio respaldo social y parlamentario", ha apostillado Sánchez, que ha añadido que "si el acoso y las coacciones son inadmisibles a la entrada de los centros abortivos, mucho menos pueden darse, por mandato legal o indicación administrativa, dentro de los mismos".
