- Una de las medidas que puso sobre la mesa el Gobierno de Sánchez para tratar de aplacar la crisis con el soberanismo catalán por el espionaje fue la colaboración con el Defensor del Pueblo. Y el Defensor ha hablado ya. Concluye que la actuación del Centro nacional de Inteligencia al interceptar las comunicaciones de 18 independentistas catalanes con el sistema Pegasus se ajustó a la Constitución española y la legalidad, si bien considera “deseable” abrir una reflexión sobre el control judicial de este tipo de intervenciones. Esta institución se pronuncia solo sobre los 18 espionajes admitidos por el propio CNI, pero no sobre las decenas cuya autoría se desconoce.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo informa del resultado de la actuación de oficio que abrió el 26 de abril. Tras examinar la documentación remitida por el CNI y los autos del Tribunal Supremo, el defensor, el socialista Ángel Gabilondo, concluye que el centro “ha actuado con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial” previo. Dice que los autos judiciales “estaban extensamente motivados” y contaban con un “elevado grado de detalle”. El Defensor del Pueblo incorpora la necesidad de “abrir una reflexión sobre el control judicial”.

“Los 20 años transcurridos desde la ley de 2002 y la evolución de las tecnologías en las últimas décadas, sumado a los cambios que están por venir, debe conducir a meditar sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente. No es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”, concluye.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la Generalitat de personarse como acusación en la investigación por el pinchazo a Pedro Sánchez y varios ministros. Dice que no existe “habilitación legislativa específica para que las personas jurídicas públicas” puedan ejercer la acusación popular.

Además, el expresident Quim Torra y Josep Costa han presentado un recurso en el Supremo por sus espionajes, que consideran “directamente atribuibles” a Sánchez y su Gobierno. Y quieren conseguir una condena europea.