Después de que EH Bildu alcanzara un acuerdo con PNV y PSE sobre las bases educativas y sobre los Presupuestos de este año, todas las miradas apuntan a la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos como posible nuevo ámbito de entendimiento entre el Gobierno vasco y el principal partido de la oposición. Una expectativa que ha sido alimentada por la propia coalición abertzale, en la medida en que avanzó hace unos días que ve aspectos positivos en los planteamientos de la consejera Idoia Mendia.
Pero, una vez presentado el proyecto de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, EH Bildu ha querido rebajar en cierto modo el optimismo generado al remarcar que ve avances, pero que son "insuficientes", con lo que parece que quiere anticipar su intención de exprimir la negociación. De todos modos, el diálogo se lo plantea sin líneas rojas.
Nerea Kortajarena se ha mostrado dispuesta este miércoles a negociar el proyecto y reconoció que ve mejoras y avances en el texto. No obstante, aseguró que se han producido recortes en la RGI en los últimos años. EH Bildu cree que, aunque se eleven las cuantías, siguen siendo inferiores al dinero que hubieran cobrado los perceptores en ausencia de los ajustes que denuncia. Defendió que, según sus cálculos, una persona pensionista podría cobrar ahora 1.166 euros frente a los 934,1 que contempla el proyecto de ley.
Otro de los argumentos principales de EH Bildu es que la flexibilidad en los requisitos de empadronamiento solo se aplicará a determinados colectivos. En este sentido, el proyecto contempla un amplio abanico de excepciones, como que los refugiados mayores de edad no tengan que acreditar ninguna antigüedad en el empadronamiento, también se contemplan esas ventajas para las víctimas de violencia de género y explotación sexual; para las víctimas del terrorismo y los miembros de las colectividades vascas bastaría con estar empadronados en el momento de la solicitud, y las familias con menores solo tendrán que acreditar un empadronamiento de dos años en lugar de tres.
En tercer lugar, EH Bildu quiere que la actualización de las cuantías dependa de criterios objetivos y no de los Presupuestos. También plantea que su cobro no se vincule a la unidad convivencial.
"UN MAYOR ESFUERZO"
Kortajarena dijo que esta ley tiene una "gran importancia", pero pidió "dar más pasos y un mayor esfuerzo". PNV y PSE tienen una mayoría absoluta suficiente para aprobar la ley, pero la enfocan como un pacto de país, tal y como enfatizó el socialista Eneko Andueza en Radio Euskadi. Espera que se sume también PP+C's. Esta bancada no cerró la puerta pero sigue poniendo el foco en la empleabilidad y las "deficiencias", en alusión al fraude en el cobro. Elkarrekin Podemos valora los avances, pero plantea cuestiones como rebajar la edad.
