- La relación entre el Gobierno español y las instituciones de Catalunya sigue cortocircuitada por el caso del espionaje a más de medio centenar de dirigentes independentistas a través de sus dispositivos móviles. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue el encargado ayer de marcar el listón de la exigencia al gabinete de Pedro Sánchez, y así confirmó que él mismo llevará el caso a los tribunales, por estar entre los espiados; afeó a Moncloa que los pasos que ha dado hasta el momento son insuficientes y le urgió a ser proactiva para depurar responsabilidades; y cargó por último contra la ministra de defensa, Margarita Robles, que el pasado miércoles protagonizó una desafortunada intervención en el Congreso en la que justificó el espionaje por tratarse de independentistas.
En una entrevista con elDiario.es, Aragonès explicó que los equipos jurídicos están “estudiando las vías judiciales que se podrían abrir para llegar hasta el fondo del asunto”, ya que se trata de un caso “complejo”, pero confirmó que él llevará su caso ante la justicia, en la línea de otros dirigentes independentistas.
“Estamos trabajando para presentarlas en las próximas semanas”, dijo sobre las querellas. “Vamos a llegar hasta el final, a usar todos los medios de defensa legal a nuestro alcance, porque se han vulnerado derechos básicos”, aseveró, y denunció que “nos están diciendo que los derechos fundamentales son incompatibles con la unidad de España”.
Para Aragonès, las medidas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para arrojar luz sobre este asunto son insuficientes y superficiales. Según él, “lo peor no es solo la explicación de lo que se hizo en el pasado sino la gestión que se ha hecho hasta el momento”, por lo que reclamó una comisión de investigación con todas las garantías en el Congreso.
El president catalán reiteró que se trata de un caso de espionaje “no solo al independentismo, sino a las instituciones de Catalunya”, y criticó que se haya podido acceder a imágenes personales, a información de cuentas bancarias, a mensajes privados y a conversaciones con instituciones y sociedad civil.
En esta línea, cargó duramente contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque cree que admitió implícitamente el espionaje en su intervención en la Cámara baja, lo justificó y lo defendió únicamente por el hecho de tratarse de líderes independentistas, por lo que considera que “ha demostrado su incapacidad para gestionar una situación de este tipo”.
A la pregunta de si cree que España no es una democracia, consideró que tiene déficits democráticos importantes y que no se ha visto en ninguna democracia un caso de espionaje de estas características. “Los demócratas de España deberían ser los primeros interesados en aclarar estos hechos e ir hasta el final. La reputación de España está dañada por este caso”, señaló. Respecto a cuándo ha sido la última vez que ha hablado con Pedro Sánchez, Aragonès afirmó que fue “ya hace bastante tiempo”, aunque admitió que la semana pasada intercambiaron algunos mensajes.
Sobre la gobernabilidad en el Estado, en la que ERC ha sido un aliado tradicional de Moncloa, advirtió de que “es muy difícil que la estabilidad parlamentaria pueda continuar si no se asumen responsabilidades”. Se preguntó por ello si el Gobierno “puede esperar mantener una relación de apoyo parlamentario en buena parte de sus medidas legislativas cuando se ha espiado a esta fuerza política, a sus principales dirigentes, y no se actúa con toda la contundencia”.
Ministra Morant. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, insistió ayer en que el Gobierno español dará “todas las aclaraciones oportunas” sobre el caso del espionaje a líderes independentistas, por ejemplo en la comisión de secretos oficiales, en la que el Ejecutivo “estará para que se pueda restablecer y recuperar la confianza del principio de la legislatura”. “No tenemos nada que esconder”, defendió en declaraciones a los medios antes de participar en Valencia en la manifestación con motivo del 1 de mayo. Añadió que entiende el enfado de los partidos y que “cualquier limitación de las libertades y derechos de los ciudadanos tiene que estar claramente justificada por una orden judicial”.
