- Mañana se cumplirán siete meses desde que Euskadi asumiera la competencia de Prisiones. Eran las ocho de la mañana del pasado 1 de octubre cuando la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, descubría el escudo del Gobierno Vasco que desde entonces guarda la entrada a la cárcel de Basauri en sustitución del que antes representaba al Ministerio del Interior. “Hoy es un día histórico al hacerse realidad, 40 años después, una muy significativa competencia del Estatuto de Gernika. Hoy es también un día más en la vida de los centros penitenciarios vascos. Un día histórico, pero también una jornada más de trabajo y servicio público con el objetivo de que internos e internas no noten diferencia en su día a día”, decía entonces la consejera. Y los datos que arroja la gestión de este medio año ofrecen la ocasión de contemplar la fotografía que retrata la realidad de unas cárceles que tantas veces han servido de altavoz a quienes han buscado elevar los decibelios del debate político.
Como dijo Artolazabal, la transferencia de la gestión de las prisiones era una obligación debida desde que en 1979 se aprobara el Estatuto de Gernika. Sin embargo, la existencia de ETA sirvió de excusa a los gobiernos que quisieron retrasar el cumplimiento de esta disposición del texto estatutario. De hecho, Pablo Casado unió su grito al de Ciudadanos y Vox para advertir de que serviría para sacar “a la calle a los terroristas”. No en vano, el entonces presidente del PP llegó a asegurar que recuperaría esta competencia para el Estado en el caso de llegar al poder, lo que soliviantó al Gobierno vasco. Sería una “involución autonómica” que no resultaría “justificable ni admisible”, respondió tajante entonces el portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Bingen Zupiria.
El caso es que, más allá de posibles lecturas interesadas, los números hablan por sí solos. Cuando las instituciones vascas asumieron el control de las tres prisiones actualmente en funcionamiento en la CAV -Basauri, Martutene y Zaballa, llamadas ahora centros de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba- el número de reclusos era de 1.387, siendo 66 los vinculados con ETA de un colectivo que entonces alcanzaba los 184.
Según se desprende de las respuestas parlamentarias que ha remitido esta semana la consejera Artolazabal a las preguntas formuladas por Luis Gordillo (PP+C’s) precisamente relacionadas con la situación de las cárceles vascas desde que el 1 de octubre de 2021 se traspasara su gestión al gabinete de Iñigo Urkullu, hoy son 1.451 las personas que cumplen condena en estos tres centros, 86 de las cuales pertenecen al entorno de ETA, lo que evidencia una falta de bandazos en la gestión.
En este sentido, cabe destacar que el Gobierno Vasco logró en sus negociaciones con el gabinete Sánchez -integrado por PSOE y Podemos- únicamente la gestión de los centros penitenciarios, no la de la política penitenciaria, con todo lo que eso supone respecto a la situación última de cada recluso.
Desde el 1 de octubre y hasta el pasado 22 de abril 80 presos han sido trasladados a Euskadi desde cárceles de otras comunidades autónomas, de los cuales 51 son presos comunes y solo 29 de ETA. Además se han rechazado 110 peticiones de traslado debido sobre todo a “la falta de arraigo socio-familiar suficiente y contrastado” en la CAV.
En ese mismo periodo de tiempo 250 presos han pasado a tercer grado en Euskadi (8 de ellos de la banda terrorista) y 80 han logrado la libertad condicional (2 de ETA). Por centros, a principios de mes había en las cárceles vascas 43 internos de este colectivo en Araba, 20 en Bizkaia y 23 en Gipuzkoa, mientras que otros 10 estaban en libertad condicional, según informó en su momento el Departamento de Beatriz Artolazabal.
A fecha del 22 de abril, 759 personas cumplen condena en la cárcel de Araba (la más grande de Euskadi), mientras que en Bizkaia hay 396 reclusos y en Gipuzkoa 296. La inmensa mayoría son hombres (1.332) frente a una reducida cantidad de mujeres (119).
Comunes
A pesar de que PP, Ciudadanos y Vox pusieran el grito en el cielo tras la asunción de la competencia de Prisiones por el Gobierno Vasco, en virtud de lo recogido hace 42 años en el Estatuto de Gernika, los números reflejan una gestión continuista en la que el peso de la población reclusa recae en los presos comunes. Según datos ofrecidos por la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, seis meses después de que se produjera la transferencia el número total de internos ha pasado de 1.387 a 1.451, siendo los condenados por su relación con ETA 86 respecto a los 66 iniciales.
80 traslados
Según reflejan los datos del Gobierno español, ya que es a él a quien sigue correspondiendo la gestión de la política penitenciaria, en estos seis meses se han producido 80 traslados de reclusos a Euskadi desde prisiones de otras comunidades autónomas para cumplir así la Ley, que mandata que las penas se cumplan lo más cerca posible del lugar de origen. Cabe destacar en este caso que de estos 80 traslados, 51 se corresponden con los de presos comunes y solo 29 con reclusos condenados por su relación con ETA.
