- Un vistazo a los titulares de prensa en las fechas inmediatamente posteriores a la muerte de Iñigo Cabacas refleja bien a las claras las diferentes velocidades que se imprimieron a las diversas derivadas de este trágico suceso. Por un lado, la celeridad a la hora de modificar los protocolos de actuación de la Ertzaintza, y por otro, la lentitud de las explicaciones del Departamento de Interior entonces dirigido por Rodolfo Ares y del propio proceso judicial destinado a depurar las posibles responsabilidades penales.

Ares compareció en el Parlamento Vasco el 12 de abril de 2012 acompañado del director de la Ertzaintza, José Antonio Varela. Allí asumió toda la “responsabilidad política” por estos hechos y pidió perdón pero no llegó a aclarar los mismos y descartó dimitir. Es más, defendió y justificó la actuación de la Ertzaintza esa fatídica noche y achacó el resultado de la muerte del joven a una “negligencia o fatalidad”.

Sindicatos como ESAN criticaron entonces que “en todo este asunto el señor Ares ha actuado tarde y mal” y recordaron que, tras la noche de autos, “tardó cuatro días en dar la cara”. El exconsejero se reunió con los sindicatos el 13 de abril. Muy al contrario, enseguida trascendieron las órdenes para limitar el uso de los lanzapelotas. Esos mismos días se conoció que se circunscribían a la Brigada Móvil y que se suprimía a las patrullas de Seguridad Ciudadana de la ecuación. Eso sí, no se prohibía este armamento y se fijó la entrada en vigor de los cambios a partir del 1 de enero de 2013, una vez culminara el proceso de formación de los agentes en un nuevo tipo de lanzadores, menos lesivos. “¿A partir del 1 de enero las pelotas de goma pueden matar y antes no?”, se preguntaba de nuevo ESAN. La Consejería de Interior rectificó y esa limitación se aplicó de inmediato.

De forma paralela, primero la Fiscalía y después la familia Cabacas como acusación particular, se personaron en el proceso abierto en el Juzgado 10 de Bilbao. Pero pronto quedó claro que la fase de instrucción se prolongaría en el tiempo por la gran cantidad de testigos llamados a declarar. La propia Fiscalía dirigida por Juan Calparsoro urgió a acelerar los trámites. El juicio no llegó hasta 2018. /