El lehendakari pretende cubrir todos los flancos en la respuesta que den las instituciones vascas a las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Tras una primera fase de resistencia y centrada en el impacto económico sobre las empresas y en sus créditos, así como en la acogida de los refugiados, se dará ahora un enfoque más relacionado con las prestaciones sociales. Según explican fuentes de Lehendakaritza a este periódico, Iñigo Urkullu presentará este viernes en el pleno monográfico del Parlamento Vasco dos tipos de medidas: unas se destinarán a las empresas, pero otras se volcarán en las personas. Adelantan que habrá incrementos en ayudas sociales, y que se va a compensar la situación provocada por el alza de los precios, sobre todo en la energía.

El lehendakari intervendrá en el pleno, escuchará a los partidos, y a partir de ahí presentará medidas urgentes y complementarias con las que ha aprobado el Estado. Existe un consenso generalizado que aprueba la idea de que, al margen de las medidas urgentes que se han tomado para respaldar a las empresas que tienen relación comercial con esos dos países y al margen también de las inversiones en proyectos estratégicos, se debe reforzar la protección a la ciudadanía. Es una idea que ha salido a relucir igualmente en la ronda de contactos que ha mantenido el lehendakari con los partidos del Parlamento Vasco, a excepción de la autoexcluida Vox.

El PNV ha adelantado actuaciones en esa materia, los socialistas hablan de escudo social, y EH Bildu plantea pasar de una economía de guerra a una de protección social con bonos energéticos, entre otras medidas. Elkarrekin Podemos-IU parece más descolgado con propuestas que la mayoría parlamentaria considera de máximos, y que la propia Podemos no ha puesto en marcha en el Gobierno español, como la empresa pública de energía o la reforma fiscal. En este debate, la unidad es total entre PNV y PSE. Eneko Andueza no utilizará el pleno como altavoz para marcar perfil, y pide realismo a los grupos.

FONDO SOCIAL, RECURSOS PARA LOS REFUGIADOS...

El PNV ha avanzado este miércoles, tras el encuentro que mantuvieron Andoni Ortuzar y Joseba Egibar con el lehendakari y los socialistas Eneko Andueza y Ekain Rico, que habrá medidas estructurales para reducir la repercusión de los precios de la energía en las familias y las empresas, un fondo social con recursos para las personas y familias más vulnerables, y recursos para los refugiados, además de ayudas para la inversión y el empleo. Ven margen de consenso en teoría, aunque en la práctica creen que será difícil por la actitud que ven en algunos grupos. Desde el PSE, se refuerza esta idea con el planteamiento del escudo social. Andueza apostó por la unidad de acción con su socio de gobierno en un momento delicado.

¿PAGO CON REMANENTES?

En cuanto a la forma de sufragar el plan, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, contempla que parte de esas actuaciones se financien con los remanentes de 1.800 millones, que ya se han venido utilizando estos días. Eso sí, se hará de forma tasada y sin gastarlos al cien por cien. El Gobierno vasco está convencido de que vaciar la hucha de los imprevistos sería una imprudencia de tomo y lomo, ya que supondría quedarse sin colchón para asumir la caída de la recaudación de impuestos y los posibles tiempos de vacas flacas, además de reducir la deuda. Pidió realismo y responsabilidad a los grupos y que no presenten una “carta a los Reyes Magos”, como dijo en Radio Euskadi.

En este punto, la unidad es total con el PSE. La oposición había apretado con los remanentes, tratando de presentar al Gobierno como un gabinete insensible, sentado sobre un tesoro millonario, o actuando como el tío Gilito.

Andueza pidió a la oposición que no plantee medidas “populistas” ni trate de proyectar que los remanentes se pueden utilizar “en su totalidad y en cualquier circunstancia”. El PSE está haciendo un barrido por sus consejerías para identificar medidas en vivienda, consumo y transporte (en ese plano, el Estado ha bonificado con veinte céntimos por litro el carburante), y confía en presentar propuestas de resolución conjuntas con el PNV.

SUBIDA SALARIAL

Otro de los frentes que sobrevuelan el debate es el pacto de las rentas, la posibilidad de que las empresas, los sindicatos y el Gobierno acuerden un aumento salarial que haga más llevadera a la población la carestía de la cesta de la compra y la luz. Este es un debate previsto en el Estado, que tiene la competencia. De ahí que no esté previsto que el lehendakari ponga el foco ahí, en un asunto que puede parecer un brindis al sol en su discurso, y que no pasaría de una mera recomendación. Quiere centrarse en medidas concretas y tangibles.

Pero no significa que el Gobierno vasco no tenga opinión. Azpiazu aseguró que sería importante proyectar un consenso desde Euskadi. Aclaró, en cualquier caso, que las cifras que valoran los agentes económicos no toman como referencia toda la inflación, sino la subyacente, la del 3,4%, descontando el precio de la energía.

Sobre la rebaja fiscal que pide PP+C’s, es competencia de los territorios forales, y el compromiso es abordar una reflexión que no sea improvisada ni coyuntural, sino en profundidad con vistas a 2023.

El Gobierno se reserva las medidas a la espera del debate parlamentario. El margen que se perfila es menor en la Renta de Garantía de Ingresos, que ya está por encima del Ingreso Mínimo Vital estatal en la mayor parte de los casos. Y viene predeterminada por ley, de manera que su modificación tampoco sería inmediata. En cualquier caso, es un derecho subjetivo, y todo aquel que sea vea en las situaciones previstas se podrá acoger a ella.