La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha reiterado que el debate sobre el gas en Subijana "está cerrado", si bien se mantendrá el procedimiento legal abierto hasta que se dicte sentencia, prevista para 2023, porque "SHESA no puede hacer dejación de sus obligaciones, ni renunciar a sus derechos patrimoniales y de gestión". Asimismo, ha apelado a "acelerar" los proyectos de energías renovables "con hechos" también en Euskadi.

Tapia ha comparecido este martes en la Comisión de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento vasco a petición de Elkarrekin Podemos-IU, que le ha emplazado a explicar los pasos que tiene previsto dar el Gobierno Vasco tras la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz que anulaba, "por defecto de motivación", la resolución del Ayuntamiento de la capital alavesa por la que denegó a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) la licencia para la exploración de gas en el pozo de Subijana.

La consejera ha explicado que el Ayuntamiento ha presentado recurso de apelación y, a su vez, "los promotores han interpuesto el pasado 23 de marzo recurso de oposición y ha quedado todo ello visto para sentencia, y la previsión es que no se dictará sentencia antes de 2023".

Tapia ha reiterado que, dado que la legislación actual en materia de lucha contra el cambio climático no permitiría explotar el pozo, el Gobierno Vasco entiende que "carece de sentido la exploración". De este modo, ha insistido en que "el debate sobre el gas de Subijana está cerrado", ya que "no tiene sentido" invertir en la exploración si luego no se puede extraer gas.

En todo caso, se mantiene "abierto" el proceso judicial siguiendo "todas las recomendaciones de nuestro asesoramiento jurídico, como operador de SHESA, de cara a mantener nuestros derechos". "No podemos olvidar que SHESA es el operador y en el recurso presentado actúa solidariamente en nombre del resto de socios del proyecto", ha apuntado.

De este modo, ha subrayado que "no podemos cerrar este procedimiento legal en tanto no finalice el último pronunciamiento en 2023" pero no porque se pretenda "abrir la ley o modificarla", sino porque "SHESA no puede hacer dejación de sus obligaciones, ni renunciar a sus derechos patrimoniales y de gestión".

Según ha remarcado, "lo que queda en este momento es que nos unamos en la apuesta en el conjunto de la UE por la aceleración" de proyectos de energías renovables que permitan depender cada vez menos de los combustibles fósiles.

En este marco, ha asegurado que, frente a las "dudas" que se pretenden sembrar en el campo de la transición energética, se van a cumplir los objetivos fijados. Según ha indicado, "no están en duda los objetivos y nadie propone ningún cambio legal, justo lo contrario, tenemos que apostar por las energías renovables no solo de palabra, sino también con hechos" para implantarlas en Euskadi.

De este modo, ha señalado que hay que "ser un poco coherente" porque en Euskadi "no exploramos ni explotamos" pero se usa "y mucho" el gas, que viene de países "tan democráticos" como Rusia o Argelia y que en el caso de EEUU se extrae usando la técnica del fracking. En ese sentido, ha insistido en trabajar por "acelerar" las renovables .

La portavoz de Elkarrekin, Miren Gorrotxategi, ha instado a la consejera a precisar a cuánto asciende la posible pérdida patrimonial si abandona el proyecto de Subijana SHESA, un ente que "supone 80 millones en pérdidas, posibles 4 millones en pérdidas patrimoniales al MITECO, no sabemos si más a socios, gastos en alquileres, permisos.....". "¿No es el momento de dejar SHESA?", ha cuestionado.

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha opinado que "ya es hora de dar otro paso y es acabar con la etapa de Hidrocarburos de Euskadi", ya que "no nos puede hacer perder más dinero" del que ha supuesto "durante décadas".

La representante de PP+Cs Muriel Larrea ha señalado, por su parte, que genera "dudas" la razón por la que se mantiene "vivo" el proceso judicial.

Desde los grupos que integran al Gobierno Vasco, el parlamentario del PNV Unai Grajales ha advertido de que, "si no queremos gas, ni proyectos eólicos, ni fotovoltaicos, difícilmente se puede cumplir con las expectativas" en un "país consumidor intensivo" de energía.

El representante socialista Alberto Alonso ha defendido que, en el actual momento "complejo" en el que hay quien plantea internacionalmente acudir al gas, el carbón o la energía nuclear, "ahora más que nunca tenemos que seguir hacia adelante y reafirmarnos con los compromisos". De este modo, ha reivindicado que ningún contexto coyuntural debe servir de justificación para "dar pasos hacia atrás en absoluto".

EL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Asimismo, la Comisión ha sustanciado la comparecencia de la consejera a petición de EH Bildu para informar sobre la elaboración del plan territorial sectorial de energías renovables. La coalición soberanista ha advertido de que "el retraso es evidente" y ha indicado que, mientras tanto, se están tramitando sin ordenar muchos proyectos ligados a las energías renovables, "provocando en la ciudadanía preocupación, inseguridad y desconcierto".

A juicio del parlamentario Mikel Otero, existe una "antiplanificación, en lugar de una planificación ordenada". "A ver si estamos intentando meter algún parque con calzador antes de que se apruebe el PTS porque sabemos que una vez aprobado vamos a tener problemas", ha cuestionado.

Arantxa Tapia ha avanzado que se espera que "poder llegar a finalizar y publicar en los boletines correspondientes en agosto de 2023" y que, "con todas las actuaciones que hay que realizar, haber finalizado todo el procedimiento" de este plan.

En todo caso, ha precisado que hay un PTS "en plena vigencia" y, aunque no lo estuviera, hay "herramientas" de planificación del territorio que permitirían "con todas las garantías" llevar a cabo proyectos, por lo que "no estamos en ningún caso en una situación de inseguridad jurídica, urbanística, ni de ordenación".

Asimismo, ha apelado a "buscar el consenso" y ha añadido que le "encantaría" que, tras el trabajo de planificación que se realice, se pudiera "tener la garantía absoluta de que vamos a implantar instalaciones en los lugares que definamos entre todos y todas".

En relación al debate suscitado sobre los llamados proyectos de interés público superior, ha afirmado que el Gobierno "no tiene ningún proyecto" de estas características, pero ha incidido en que son "garantistas" y ha cuestionado, "si existiera un proyecto impulsado por el EVE en su totalidad que fuera bueno para un municipio, cuál sería el problema".

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha considerado que el PTS de renovables debería servir para proteger espacios naturales y la biodiversidad, así como las zonas agrícolas de valor añadido. Por su parte, la representante de PP+Cs Muriel Larrea ha manifestado que "todo lo que venga" de la aplicación del PTS de 2002, que se decidió "dejar de lado", genera "dudas".

Para el representante del PNV Unai Grajales ha censurado que se pretenda reflejar que, sin PTS de renovables, "vivimos en una especie de jungla" cuando, en realidad, "tenemos PTS, PTS, COP, informes, estudios ambientales, planes generales de ordenación urbana, normas y ordenanzas municipales (...) Si más garantistas y más restrictivos no podemos ser".

Finalmente, el parlamentario socialista Alberto Alonso ha pedido contar con el Plan "a la mayor brevedad posible", para lo que ha pedido que se coordinen los departamentos para acelerar los procedimientos y que "vea la luz con celeridad" y también "con garantías jurídicas y de participación".