Decía el PNV que tiene muchos frentes abiertos con el Gobierno español y, por el momento, no da ninguno por cerrado. Por un lado, sobre la reforma laboral, los jeltzales vuelven a exigir en puertas de la votación de este jueves que se blinde la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. En este sentido, cada vez cargan con mayor dureza contra la “capacidad de veto” de la patronal, que trata de impedir cualquier concesión por mínima que sea, y esa situación conduce a un “secuestro de la legitimidad parlamentaria”. Por otro lado, el PNV no da por zanjado el desencuentro sobre el Ingreso Mínimo Vital, aunque la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, proclamara el pasado viernes que la negociación queda desbloqueada con su oferta para un traspaso íntegro y sin fecha de caducidad. Los jeltzales lanzan dos mensajes: por un lado, el Gobierno Vasco va a analizar con lupa ese documento y, por otro, el PNV no está dispuesto a que la noria de esta polémica siga rodando: “Es inexcusable” que el traspaso se ejecute en dos semanas.

La presidenta de la Ejecutiva vizcaína del PNV, Itxaso Atutxa, confirmó en una entrevista concedida ayer a Radio Euskadi la información publicada por este periódico, y ratificó que los jeltzales están planteando dos posibles salidas para blindar los convenios vascos y poder contribuir a la aprobación de la reforma laboral. De lo contrario, votarán en contra. Atutxa confirmó que se podría redactar otro decreto para ampliar la reforma, o bien tramitar el actual como proyecto de ley, con un acuerdo previo muy tasado sobre las enmiendas que deberían incorporarse. Ahí deslizó que el Ejecutivo español “tendría una mayoría más amplia, no solo del PNV”, sino quizás también de ERC. Los republicanos catalanes han firmado una declaración conjunta con EH Bildu, BNG y CUP, pero hubo algo en las declaraciones de Jordi Salvador que dejó ver que ERC no exige que se cumpla el 100% de ese manifiesto, y se abre a valorar las posibilidades.

Atutxa criticó el veto de la patronal y, en caso de que el Gobierno español no ceda, avisó de que tendrá que buscar otros apoyos. Desde algunos ámbitos, ha causado sorpresa la contundencia del PNV ante la patronal, y los jeltzales no ocultan ya su perplejidad por lo que está sucediendo. El blindaje de los convenios vascos supondría simplemente garantizar por ley el pacto de 2017 entre la patronal Confebask y ELA y LAB.

El presidente español, Pedro Sánchez, insistía este mismo sábado en la abstención del PP, y el ministro Bolaños ha realizado llamadas a Ciudadanos, que se alinea con la patronal y comparte la idea de no tocar una coma. UPN también ofrece sus votos si se cumple esa premisa. Supondría aprobar la reforma con una mayoría escorada con claridad hacia la derecha, aunque Sánchez contempla la suma de otros grupos como el PDeCAT y otros que se encuentran en una nebulosa y podrían dar un paso atrás si se confirma la fotografía con el partido naranja, como Más País y Compromís. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha lanzado mensajes públicos a favor de la mayoría de investidura, pero no se ha concretado en nada.

Lo que quiso repetir Atutxa es que la reforma laboral no estaba pactada de antemano y, por lo tanto, no tensiona tanto la relación como el IMV, porque en ese caso sí existía un pacto y se está incumpliendo. De ahí que el PNV haya avisado de que, en caso de que no se cumpla el traspaso, romperá con Sánchez y le retirará el apoyo. Al mismo tiempo, los jeltzales también desvinculan el IMV de la negociación de la reforma laboral. Un hipotético acuerdo sobre el IMV no conducirá de manera automática a que respalde la reforma.

Cuando se le preguntó a Atutxa si da por cerrado el desencuentro del IMV, avisó de que “lo veremos en los próximos días”, porque el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, “sigue dando bandazos”. “Espero que bajo ningún concepto esto se siga prolongando”, avisó. Recordó que, si no hay acuerdo, será el Gobierno español quien esté “mandando al carajo” la relación, porque el pacto se ha firmado tres veces y se sigue ignorando. Rechazó que se vuelvan a esgrimir pretextos económicos o el virus, y avisó de que es “inexcusable” que se ejecute ya el traspaso. Confirmó el plazo de dos semanas que ha fijado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en El Correo.