- Pedro Sánchez no tiene prisa. O mejor dicho, está a otras cosas. En sofocar los incendios generados en su gabinete de coalición y en no descarrilar en la carrera electoral contra la derecha que se abre en Castilla y León el próximo mes. Justo un año después de que se celebraran los comicios catalanes del cambio. Del cambio gestual, que no de liderazgos. Un periodo prácticamente estéril para dar cauce a la salida definitiva a un conflicto que parece cronificado. La mesa de diálogo que se vendió como herramienta imprescindible por los actores que la abanderan ha quedado aparcada sine die y vacía de contenido, y la reforma del delito de sedición que apuntaba a ser la panacea dormita el sueño de los justos en un cajón. El líder del PSOE da por bueno el grado de normalización alcanzado en Catalunya y entiende que con los indultos a los presos soberanistas el procés es ya pretérito pluscuamperfecto. Olvida los números, los que mantienen al independentismo en boga tras cada paso por las urnas, pese a sus muchas cuitas internas, y que los bloques se mantienen graníticos y repeliendo la transversalidad. Es más, su estrategia no hace sino dar fuelle al ala más unilateral. Junts presiona a Esquerra, saca pecho de que sus predicciones se van cumpliendo y llama a volver a la casilla de partida con nuevas alternativas que revaliden el mandato del 1-O. Nada cambia.

La pandemia sirve de justificación. “Estamos en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en la recuperación económica”, dicen en el Ejecutivo español, que aprobará 368 normas, casi una por día, y que abarcan asuntos como la Ley de Organización de los municipios de menor tamaño o una de prevención de conflictos de interés en el sector público. Al ser preguntado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acerca de la reforma del Código Penal para los delitos de rebelión, sedición o injurias a la Corona, o si alguna normativa hace referencia a la Casa Real, fue tajante: “Hay otras prioridades”. Una paletada de tierra a algo que atañe, sin ir más lejos, al porvenir procesal de Carles Puigdemont. Moncloa no percibe que el tren se le puede escapar. Unidas Podemos, por boca de la ministra Irene Montero, ha afeado a su socio mayoritario que los compromisos están para llevarlos adelante. Pero Sánchez, acostumbrado a demorar sus acuerdos con quienes le sostienen, se aferra al “ahora no toca”, sin plantear tampoco una oferta para la profundización del autogobierno. No tiene más propuesta que la remitida en el marco constitucional, sin condiciones objetivas para abordar su reforma.

Todo lo ha fiado el presidente español a la desinflamación del conflicto y resulta que, por ejemplo, el ataque a la inmersión lingüística no ha contribuido más que a que permanezca en las manos de los jueces en las que lo puso el Gobierno de Mariano Rajoy. No barrunta siquiera que puede no existir en el futuro una correlación de fuerzas mejor que la presente para encarrilar una solución a toda esta crisis. Paralelamente, el Govern mantiene sobre la mesa las reivindicaciones del independentismo: amnistía para los perseguidos judicialmente desde el otoño de 2017 y referéndum de autodeterminación. El PSOE y, haciendo seguidismo, su filial catalana, dieron carpetazo a debatirlos. Para más inri, afean al Ejecutivo de Pere Aragonès su negativa a formalizar una mesa de partidos catalanes, el señuelo de Salvador Illa, que tenga como fin máximo la actualización del ninguneado Estatut. Pero el líder republicano dice no desesperar: “El referéndum es necesario. Nos debemos atrever a proponer nuestra propuesta a la ciudadanía de Catalunya, que está dispuesta a aceptar el resultado de las urnas. El derecho a la autodeterminación de Catalunya es inevitable”.

La proclama del president volvió a quedar esta semana en el limbo pero asegura no tener intención de levantarse de la mesa mientras advierte a Sánchez y a la izquierda española de que “difícilmente habrá una segunda oportunidad”. “No podemos eternizar la resolución del conflicto. Es momento de abandonar las especulaciones y ofrecer certezas”, mantiene Aragonès. Pero el socialista volvió a dar largas. “Tendrá lugar, se celebrará, pero ahora mismo las instituciones estamos en algo mucho más importante, como es la urgencia sanitaria”, zanjó. Lo que sí tiene fecha es la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que se dedica a los traspasos de competencias y a analizar incumplimientos, y que se realizará a finales de este mes.

Pero Esquerra necesita hechos y no buenas palabras. Ya ha tenido que ceder ante los comunes para aprobar los Presupuestos, perdiendo el respaldo de la CUP, y ahora JxCat le sopla en el cuello. El partido de Puigdemont -pendiente de que se resuelva su inmunidad mientras va ganado batallas a la Justicia española- ya ha avisado de que evaluará sus acuerdos de gobierno con ERC porque es hora de construir otras rutas ajenas a una mesa que da por enterrada, autoafirmándose en que la bilateralidad y el posibilismo han resultado ser vías que solo han reportado tiempo perdido. Reforzando su discurso de confrontación se han colado las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo, acusando al CNI de estar detrás de los atentados del 17-A, lo que llevó al expresident a acusar al Estado de tener responsabilidades en el atentado en la Rambla.

Pero Sánchez hace como si lloviera y no se mojara. Reconstruir la economía, gripalizar la pandemia y ralentizar el conflicto catalán son los ejes que circundan a su guión principal, el de evitar que el PP y la ultraderecha se abran paso a dentelladas electorales camino de la Moncloa. Las soluciones territoriales vuelven a quedar fuera del renglón, aunque en la práctica no resulten incompatibles con las urgencias económicas y sanitarias. Puro tacticismo porque no reporta votos donde se va a cocer el poder los próximos meses. Una cosa es la normalidad política e institucional, y otra bien distinta creerse que el problema está resuelto por arte de birlibirloque, ya que la mayor parte de la sociedad catalana, como lo demuestra en las encuestas y luego votando, sigue descontenta con el actual status quo.

Parlamentarios vascos. Los parlamentarios Leixuri Arrizabalaga (PNV), Ikoitz Arrese (EH Bildu) e Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU), que integran la ponencia sobre el futuro sistema educativo vasco, visitan desde hoy y hasta el miércoles Catalunya para conocer diversos proyectos educativos. Dentro de su agenda se halla recoger conocimientos del proyecto ‘Barcelona, ciudad educadora’ y el programa educativo del Ayuntamiento del Prat del Llobregat. Además, visitarán varios centros y mantendrán reuniones con expertos. Hoy mismo acudirán al Ayuntamiento de Vic para conocer el plan educativo e inclusivo de la escuela La Sínia, “centrado en la multiculturalidad y el plurilingüismo”, en pleno debate sobre la inmersión.