Urkullu traslada a Confebask su deseo de que la reforma laboral salga por consenso

En el encuentro que mantuvieron una delegación del Comité Ejecutivo de la patronal vasca y del Gobierno Vasco (incluyendo a la parte socialista, con Idoia Mendia), la patronal que dirige Eduardo Zubiaurre insistió en trasladar una valoración “positiva” de esta reforma. El lehendakari, sin embargo, matizó que el deseo de su Gobierno es que “pueda salir adelante con el mayor consenso social y político posible”. Las fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico no pudieron ir más allá porque tienen un gobierno de coalición con los socialistas y el área de Trabajo la gestiona la propia Mendia. Pero es de sobra conocido que el PNV pide incluir la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Sin ella, votará en contra.

El PNV lamentó ayer por boca de Itxaso Atutxa las resistencias de algunos sindicatos y empresarios, y dijo que, aunque exista un acuerdo interprofesional vasco de 2017, nadie garantiza que el día de mañana alguno de los agentes no vaya a dar un golpe sobre la mesa y lleve un convenio vasco a los tribunales. Si no es ley, no hay garantías, vino a decir en ETB1. En este contexto, no sería descabellado que la patronal realizara algún pronunciamiento público de respaldo y adhesión al acuerdo de 2017.

ELA y LAB siguen rechazando una reforma en la que no han participado porque la mayoría sindical estatal es otra. Siguen las reservas hacia la patronal porque tiene en su mano la posibilidad de descolgarse del pacto de 2017 si los sindicatos vascos se lo ponen difícil en alguna negociación en Euskadi, y tiene la opción de remitirse a un convenio estatal donde, en general, los salarios son inferiores. En el Estado, la CEOE avisa con claridad de que no quiere tocar una coma de la reforma acordada con Madrid. Por el lado de los sindicatos CCOO y UGT tampoco hay demasiada disposición a cambiarla, y pueden sentirse más cómodos defendiendo la igualdad de todos los trabajadores, aunque en realidad ni siquiera existe entre sectores.

Urkullu recibió a una delegación encabezada por Zubiaurre; y lo hizo acompañado por la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia; la consejera Arantxa Tapia, y el responsable de Hacienda, Pedro Azpiazu. Coincidieron en algunas preocupaciones y objetivos comunes. La patronal planteó su inquietud por el nivel de absentismo que se habría disparado con el coronavirus, y planteó agilizar las altas laborales “lo máximo posible”, siempre que lo permitan la salud de cada trabajador y siempre que así lo aconsejen los científicos. Este es un asunto que depende de Salud y, por ahora, son siete días de aislamiento para los positivos (antes eran diez), si no se han presentado síntomas en ese tiempo. En algunas comunidades se ensaya el alta automática al de siete días. Lehendakaritza se refirió a este asunto como una preocupación “compartida”, y aludió igualmente a las ausencias por incapacidad laboral transitoria.

Lehendakaritza constató perspectivas “esperanzadoras” para 2022, “no exentas de cautela” por la inflación y el covid. Zubiaurre prevé que se mantenga la recuperación, pero con la incógnita de la inflación, el coste de la energía, las materias primas y el descenso de la rentabilidad y márgenes empresariales. Hubo retos comunes como la atracción de inversiones, la demografía, el arraigo o el sistema educativo. Se abordaron las pensiones, fiscalidad y fondos europeos.

Tras una cena. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, avisó ayer de que ERC está “muy lejos” de apoyar la reforma laboral porque no deroga la de Mariano Rajoy. “No vamos a dejar de ser ambiciosos”, zanjó en TVE tras haber cenado tan solo unas horas antes, en la noche del miércoles, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hablaron de “todo el contexto político general”, incluida la reforma laboral. “Quien vota en el Congreso no son los sindicatos ni la patronal”, avisó Aragonès. Recordó que ERC plantea cuestiones como volver a elevar la indemnización por despido. Los soberanistas catalanes coinciden con PNV y EH Bildu en el blindaje de los convenios autonómicos.