- A José Luis Escrivá se le reconoce un amplio conocimiento en las materias que gestiona. Es un técnico y presidió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ese perfil le juega a veces malas pasadas a nivel político al presidente español, Pedro Sánchez, quien considera al PNV como su socio prioritario. El ministro de la Seguridad Social se ciñe ahora a la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika para negociar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital con el PNV, pero lo hace con una interpretación literal que cuestiona la propia Idoia Mendia. La vicelehendakari sostuvo ayer en público que todas las transferencias son íntegras y definitivas, y ahí lo dejó porque no pretende suplantar a la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. Pero, ¿qué dice en concreto esa disposición transitoria quinta?

Ese punto menciona que la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación del Estatuto “establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”. Este punto es el que se aplica a la negociación porque el Gobierno español se empeñó en circunscribir el IMV a la Seguridad Social cuando, por su naturaleza, bien podría haber tenido la consideración de prestación de asistencia social.

El PNV ya dejó caer en su momento que el Estado había realizado este movimiento para garantizarse cierto papel o paternidad de esta ayuda, que fue una de las banderas que agitó Unidas Podemos, aunque se inspiraba en la Renta de Garantía de Ingresos que lleva décadas operando en la comunidad autónoma vasca. De este pecado original vienen ahora tiranteces como esta, si bien se espera que el diálogo llegue a buen puerto.

La clave radica en dejar claro que el traspaso será definitivo y no reversible. La existencia de un plazo parece evocar que tiene fecha de caducidad, aunque sería prorrogable. Este punto es importante ante discursos como los del PP, que ha amenazado con revocar el traspaso de las prisiones a suelo vasco.