- Muy a regañadientes, el Gobierno español comienza a asumir que tendrá que incorporar algún cambio en la reforma laboral pactada con la patronal y los sindicatos si quiere lograr el respaldo de los partidos en el Congreso de los Diputados. El PP se inclinaba ayer por votar en contra, aunque el fin de semana había desatado todo tipo de especulaciones tras reconocer que la reforma es “menos mala” de lo previsto y no se lleva por delante muchos aspectos del modelo impulsado por Mariano Rajoy. A Sánchez le queda la baza de Ciudadanos, que se abre a no rechazar esta reforma. Pero, en paralelo, comienzan a circular en medios de comunicación próximos al PP que Pablo Casado podría tratar de cortejar al PNV (o incluso a ERC) como ya hizo en anteriores ocasiones, porque tanto vascos como catalanes también rechazan la reforma, aunque por motivos distintos a los de Pablo Casado.
En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aceptó ayer la posibilidad de que el decreto se tramite como proyecto de ley, lo que haría posible enmendar e incorporar cambios. Pero aclaró que espera que las cesiones sean mínimas y el proyecto se mantenga “inalterado” en la medida de lo posible, de modo que se respeten su núcleo y su esencia. Tanto el PNV como EH Bildu exigen la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, aunque la coalición abertzale añade otros aspectos que el PSOE no acepta.
El grupo jeltzale no quiere formar parte de ningún bloque ni rechaza de manera frontal este pacto entre la patronal y los sindicatos. No se alinea con partidos que, como BNG, piden derogar todos los puntos de la reforma de 2012 y articular un frente contra este decreto. Es una petición de máximos que no atenderá el PSOE, que ya renunció a aumentar la indemnización por despido improcedente de 33 a 45 días, y se centró en combatir la temporalidad. El hecho de que el Gobierno español pida a los grupos que modulen sus exigencias y el hecho de que se niegue a dar la vuelta como un calcetín a la reforma pactada con los agentes sociales puede dar oxígeno a la posición del PNV, que se centra en la prevalencia de los convenios vascos.
Desde la ejecutiva jeltzale insisten en que solo ven un escollo, pero que ese escollo es importante: la prevalencia de los convenios autonómicos. Sin ella, no apoyarán la reforma. Montero se abre a cambios sin revoluciones. Está por ver si la exigencia del PNV entra dentro de lo que están dispuestos a asumir en Moncloa, y desde algunos ámbitos socialistas especulan con que podría haber margen con los jeltzales y los convenios vascos. EH Bildu no solo plantea este punto, sino que también pone encima de la mesa el bloque que afecta a los despidos. ERC esgrime igualmente el coste de los despidos, y también que el Govern tenga capacidad para autorizar los ERE. El Gobierno español no parece dispuesto a introducir tantos cambios.
Hasta ahora, el Gobierno español y la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, habían contado con la posibilidad de que a los partidos les diera vértigo tumbar un acuerdo con los agentes sociales. Sin embargo, el PP se desmarca de la patronal y votará en contra y, en el caso vasco, tampoco ha hecho demasiada mella en EH Bildu el pacto con las centrales UGT y CCOO porque la mayoría sindical vasca es otra, y ELA y LAB presionan para que los partidos voten en contra de esta reforma.
El Gobierno español no ha concretado en qué puntos podría ceder. El PNV también lo desconoce. Lo que sí aclaran los jeltzales es que no han recibido llamadas del PP ni entrarán en maniobras extrañas ni guiadas por “intereses partidistas” contra esta reforma. Desde los populares, Javier Maroto no quiso confirmar la información publicada por La Razón, periódico próximo a su partido, que anunciaba que el PP va a tantear a PNV y ERC. Maroto dijo que no le constan estos contactos, y que en todo caso serían irrelevantes porque su grupo votará en contra “sin preocuparse de lo que voten los demás”. Además, aclaró que, en el caso de que los demás votaran en contra, lo harían “por motivos casi diametralmente opuestos”, porque el PP quiere que se mantenga la reforma de Rajoy que lleva diez años en vigor.
El PNV otorga valor a la reforma pactada entre el Gobierno español, la patronal y los sindicatos españoles, porque subsana varios aspectos lesivos que introdujo Rajoy. Pero no votará a favor de este decreto si no da prevalencia a los convenios vascos. Las principales resistencias vienen desde la patronal, pero el PNV hace pedagogía en este punto y aclara que la patronal es la misma en Euskadi y en el Estado, porque Confebask forma parte de la CEOE, de manera que dar prevalencia a los convenios vascos no va en detrimento de las posiciones que pueda tener la patronal. Por el contrario, la representación sindical sí es muy distinta en Euskadi y el Estado.
Montero no contempla la posibilidad de que no se convalide el decreto ley, “aunque otra cuestión distinta es que se tramite como proyecto de ley”. “Es ahí donde hacemos un llamamiento a respetar en la medida de lo posible el acuerdo fruto de un diálogo bastante honesto y en el que los agentes sociales han mostrado patriotismo”, defendió. Confió en que, con la tramitación parlamentaria, el texto experimente las “menores variaciones posibles”, e incluso dijo que merece la pena que quede “inalterado” porque el consenso de los agentes sociales es valioso. Pidió al PP que apoye la reforma. Maroto, por su parte, insistió en votar “en contra” y defendió la “creación de millones de puestos de trabajo” con Rajoy.
“No esperamos que el Congreso la tumbe; otra cuestión es que se tramite como proyecto de ley”
Ministra de Hacienda
“Votaremos en contra; la reforma de Mariano Rajoy creó millones de puestos de trabajo”
Portavoz del PP en el Senado
