uskadi afronta 2022 con la incertidumbre de la deriva de la pandemia, que no se termina de superar. Sin embargo, dos años después, sin dejar de ser un enorme problema de salud pública y un lastre económico, el covid-19 se ha cronificado en una sociedad cuyas instituciones y partidos políticos han aprendido a trabajar en el resto de frentes pendientes sin dejar de lado la lucha contra el coronavirus.
En lo más cercano y tangible, el Gobierno vasco tiene que recibir la transferencia del Ingreso Mínimo Vital pactada por el PNV con el Gobierno español el pasado otoño a cambio de renunciar a la enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Además, una vez acordada también, fruto de la negociación presupuestaria, la encomienda de gestión de la entrada del TAV en Gasteiz y Bilbao, es hora de ponerse manos a la obra, pues de hecho dicha encomienda tiene como objetivo principal acelerar los trabajos.
Además, quedan aún una treintena de competencias pendientes de transferir para completar el Estatuto de Gernika, el compromiso contraído por Pedro Sánchez y que tanto la pandemia como la escala de prioridades del Gobierno español han ido dilatando más allá de lo pactado en su día. La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un vez despejadas las suspicacias en tono a la integridad de la caja única, debería ser el colofón al cumplimiento de un pacto estatutario cuya actualización sigue en la agenda política, si bien en estado de hibernación.
El debate para profundizar en el nuevo estatus parece haber quedado en sordina por las resistencias del PSE, pero también EH Bildu sigue sin modular su apuesta, que impide ensanchar el consenso. Pero la coalición tampoco presiona demasiado inmersa en su nueva estrategia pactista en el Estado. Por otro lado, queda por ver si en 2022 el pacto presupuestario entre EH Bildu y PNV y PSE queda en mera anécdota o tiene continuidad, bien sea en el Gobierno vasco o en otras instituciones.
Además, una vez disuelta ETA, con la izquierda abertzale en una nueva fase hacia la normalización tras la Declaración de Aiete, con las víctimas en el centro del relato y los presos en el camino del retorno y la reinserción social, Euskadi tiene ante sí el reto de aprobar una Ley de Memoria Histórica y Democrática que arroje luz, verdad y justicia sobre las vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo.
Existe preocupación en el Gobierno vasco en torno al nivel de compromiso del Ejecutivo español para completar el Estatuto de Gernika, y en ese sentido tanto el lehendakari Urkullu, como la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi; y el propio PNV presionan para traer a Euskadi cuanto antes la treintena de transferencias pendientes. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se ha aprobado un calendario para ir completado el Estatuto y ya se han realizado varios traspasos, pero lo cierto es que aún hay muchas materias sobre las que hablar.
Quedan pendientes puertos y aeropuertos, la ordenación del litoral, servicios meteorológicos, seguros agrarios, servicios privados de seguridad, el fondo de protección a la cinematografía, mercados de productos de la pesca, paradores de turismo, seguros, crédito y banca; crédito oficial, mercado de valores, centros de investigación y asistencia técnica, hidrocarburos, salvamento marítimo, sector público estatal, administración institucional e innovación tecnológica, varias líneas de tren de cercanías, inmigración, títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, permisos de circulación y matriculación de vehículos, régimen electoral municipal, inspección pesquera, experimentación de obras públicas y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este último capítulo, el de la Seguridad Social, es uno de los más sensibles desde el punto de vista político.
El pasado 1 de diciembre, la consejera Garamendi reclamaba "una propuesta encima de la mesa" sobre la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital que el PNV pactó con Sánchez en la negociación presupuestaria. "Formalmente", recordó el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, la transferencia "se debe realizar en enero".
El debate en torno a este traspaso de nuevo cuño no ha estado exento de polémica con el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en todo caso vino a Donostia a finales de noviembre para asegurar que "la singularidad foral" vasca permitirá a Euskadi gestionar de "forma plena", a través de Lanbide como ventanilla única, el pago de esta ayuda.
El cierre de la negociación presupuestaria entre el PNV y el Gobierno español llegó el 3 de diciembre con el acuerdo para la encomienda de gestión al Gobierno vasco de las obras del soterramiento del tren de alta velocidad en sus entradas a Bilbao y Gasteiz, con el fin de acelerar los trabajos y continuando así con la experiencia del tramo guipuzcoano de la Y vasca.
La puesta en marcha del tren de alta velocidad es una prioridad política para el Gobierno vasco, pues Euskadi va quedando cada vez más en la cola de las autonomías a las que no ha llegado esta infraestructura, a pesar de ser el paso natural entre la Península y el resto de Europa y de estar en mitad del Arco Atlántico.
El acuerdo alcanzado garantiza que el proceso para acometer las obras arranque cuanto antes, pero también que, de ser necesario establecer estaciones provisionales, no acaben siendo definitivas.
El pasado 27 de octubre, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco para presentar el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de julio y ahora en fase de tramitación en el Parlamento Vasco. La Ley supondrá un paso más en la consolidación de la memoria tras el hito que supuso la creación de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, en 2014. El anteproyecto prevé la creación de un Directorio de Entidades de Memoria Histórica y de una Comisión Asesora en esta materia, como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas.
Además, el Gobierno vasco ha incluido en sus Presupuestos de 2022 nuevos espacios expositivos en Gogora, la renovación del Museo de Gernika y el nuevo memorial de víctimas del 3 de marzo en Gasteiz.
En principio, y a falta de completar los trámites parlamentarios, el anteproyecto cuenta con la buena predisposición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, si bien PP+C's considera que no es necesaria una ley vasca porque está en vías de aprobación la normativa de memoria estatal. Vox, por su parte, reclama que la ley vasca recoja la violencia de ETA, pese a que el objetivo de esta ley es recoger las vulneraciones de derechos "en el marco de la defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y dictadura franquista, y no otro", dijo Artolazabal.
En 2018, en la Ponencia de Autogobierno, los grupos parlamentarios de EH Bildu y PNV alcanzaron un acuerdo de bases para un nuevo estatuto que recogería el derecho a decidir a través de los derechos históricos reconocidos en la Constitución española. El pacto chocó con la oposición frontal de PSE y PP y las reticencias en algunos aspectos de Elkarrekin Podemos-IU, lo que llevó al lehendakari a reclamar un esfuerzo en aras a un consenso mayor que recogiera, en el proyecto de nuevo estatuto, la mayor pluralidad posible y el imprescindible aval del Estado español, además de una bilateralidad efectiva.
Los expertos designados por los partidos alumbraron un relevante consenso entre el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, con la excepción de los puntos referidos al derecho a decidir, entre otras cuestiones, mientras que EH Bildu se desmarcaba con su propio texto. En el pleno de política general de septiembre, Iñigo Urkullu rescataba la cuestión para emplazar a los grupos parlamentarios a alcanzar un "consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno", a reactivar la ponencia.
Pero no hay avances. Los jeltzales han sondeado a los partidos, pero no ven agua en la piscina. PNV y PSE mantienen un sólida relación institucional en Euskadi que el debate estatutario podría enturbiar, y EH Bildu prima por el momento su estrategia de conformar una alianza frente a las derechas a nivel del Estado, con apoyos presupuestarios a un PSOE que rechaza de plano el derecho a decidir. En todo caso, con el Estatuto de Gernika en proceso de superación, la construcción de un nuevo modelo de relación con el Estado es una de las grandes asignaturas pendientes en Euskadi, y 2022 puede ser el momento para volver a intentarlo.
