Rodríguez carga contra el PSOE por oponerse a devolverle el escaño
Pregunta a Unidas Podemos si el rechazo de los socialistas a que recupere el asiento en el Congreso “quedará impune”
- El exdiputado en el Congreso, Alberto Rodríguez, cargó contra el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, tras rechazar éste ayer su petición de recuperar el escaño, y también se preguntó qué opinión tiene Unidas Podemos de la posición de su socio, y si la posición de los socialistas “quedará impune”.
“¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal y canario ante esto?, ¿quedarán impunes estas declaraciones demostrando un ataque sin disimulo a la separación de poderes y una maniobra política para eliminar un rival incómodo para sus intereses?”, apuntó Rodríguez en un hilo en Twitter.
De esta forma, aludía a las palabras de Gómez, también diputado canario, que aconsejó que el proceso de relevo de su vacante en el Congreso avance y manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo contra Rodríguez obligó a la retirada del acta de diputado, defendiendo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, actuó correctamente dado que la aclaración del tribunal sobre las repercusiones del fallo era “contundente”.
A través de las redes sociales, Alberto Rodríguez afirmó que luchará “hasta el último aliento” para que se haga justicia y poder “recuperar la voluntad democrática de buena parte del pueblo canario”. “Me cueste lo que me cueste y caiga quien caiga. Con el pueblo no se juega”, exclamó.
Así, se cuestionó “por qué miente el portavoz del PSOE en el Congreso afirmando que el acta fue robada para dar cumplimiento a una sentencia”, retando a que le indique en qué parte de las 34 páginas de la resolución “pone tal cosa”.
“¿Por qué responde el PSOE a una petición legítima que realizo, como parte de mi defensa, a la presidenta del Congreso que debe actuar como presidenta de la Cámara manteniendo la neutralidad debida?”, insistió.
De esta forma, cree que esta actitud es “simplemente una constatación de que el robo de mi condición de diputado electo democráticamente por más de 64.000 canarios fue una maniobra política y no judicial”.
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