La Guardia Civil ha detenido este miércoles a 12 personas, entre antiguos representantes municipales de San Martín de Valdeiglesias y pequeños empresarios de la zona, que investiga una supuesta trata de corrupción urbanística de licencias de actividad en terrenos no urbanizables en el conocido pantano de San Juan, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
En la llamada 'Operación Pantano', los agentes han detenido a la exalcaldesa de la localidad, María Luz Lastra, el exteniente de alcalde Luis Haro y el exconcejal de Obras y Festejos Pedro Luis Lastra, todos de la anterior Corporación socialista. Están acusados de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
También han sido arrestados otros colaboradores de la exregidora y pequeños empresarios urbanísticos relacionados con esas presuntas licencias irregulares. De momento, son 12 los detenidos y el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil espera que sean 20 los arrestados finalmente en la operación.
Según ha informado el propio Ayuntamiento en un comunicado, agentes de este Grupo se han personado este miércoles en dependencias municipales con una orden judicial de entrada y registro, siendo informada la alcaldesa del municipio. Otros están registrando de forma simultánea varias empresas relacionadas con este Ayuntamiento en este municipio y otras localidades madrileñas.
DENUNCIA
La investigación penal se instruye en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Navalcarnero, partido judicial al que corresponde este municipio, a raíz de una denuncia interpuesta por la actual alcaldesa, Mercedes Zarzalejos (PP) cuando estaba en la oposición contra la entonces regidora socialista en el cargo Mari Luz Lastra.
La denuncia se interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, siendo derivada a la Fiscalía del Área de Móstoles. En su querella, la Fiscalía apreciaba que existían indicios de delito contra la exalcaldesa y su entonces teniente de alcalde Luis Haro.
Según el fiscal, dieron el visto bueno a informes técnicos del arquitecto municipal que no tenia licencia, ni condición de funcionario de carrera para emitir dichos informes.
La Guardia Civil solicitó recientemente al juez la entrada y registro en el Ayuntamiento en el marco de su investigación, una diligencia autorizada por el juez instructor.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el juez no ha ordenado ninguna detención, si bien la Guardia Civil está practicando arrestos de oficio en el marco de sus pesquisas de investigación.
El Ayuntamiento ha señalado que seguirá desarrollando con normalidad su actividad, quedando suspendida la atención presencial y telefónica del Departamento de Obras.
