- Ni Isabel Díaz Ayuso es José Luis Martínez-Almeida, ni la Comunidad de Madrid se rige por las mismas directrices que el Ayuntamiento de la capital. El duelo entre ambos dirigentes del PP trasciende del ámbito estatal y se mimetiza a nivel local, y viceversa, y como ahora, casi siempre con Vox de por medio. La presidenta madrileña podrá aprobar sus primeros Presupuestos desde 2019 gracias a su acuerdo con la extrema derecha, que mantiene un agrio combate con el alcalde y portavoz nacional del partido. El simbólico abrazo entre Ayuso y la dirigente ultra Rocío Monasterio retrata la situación, que la lideresa defiende porque dice que su pacto no incluye “ninguna idea que vaya en contra del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que peor lo están pasando”. Almeida se expresó en otros términos respecto a Vox, acusando al portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, de practicar “matonismo político” al “secuestrar a los madrileños” por negarse a negociar las Cuentas por puro “interés personal”. Mundos paralelos que se retroalimentan.
Ayuso aprovechó de nuevo para erigirse en el referente del PP en el ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez por comportarse ella como “contrapeso” y una “forma diferente de hacer las cosas”, congratulándose de que en su Gobierno también se vean representados los votantes de Vox “preocupados por el acceso a la Educación” o el “gasto austero de las administraciones”. Respecto a la derogación de artículos de las leyes LGTBI, que en teoría ha quedado al margen de la alianza, lo aparcó para cuando toque. “Si en esas cuestiones u otras nos encontramos, me parecerá estupendo porque creo que hay que gobernar para todo el mundo pero especialmente para quienes cooperan”, deslizó la presidenta para asombro de la oposición.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos tacharon de “atropello a la democracia” la entente, que adjetivaron como “el cuento de Robin Hood pero a la inversa”, porque “quita el dinero a los madrileños, dan la educación pública a la privada y la vivienda a los promotores y los especuladores inmobiliarios”. “Desmantela los servicios públicos, profundiza en la desigualdad y se carga la educación. Criminaliza a los menas y los trata como si fueran un mero coste para las arcas. Son medidas ideológicas para eliminar derechos fundamentales”, zanjaron. Nada que ver con la felicidad en las huestes de Vox. “Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid. La izquierda solo trae ruina”, afirmó Monasterio. Para colmo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, hurgó en la distinción entre Ayuso y Juanma Moreno al sostener que los casos de Andalucía y Madrid demuestran cómo el PP “va cambiando” dependiendo de quién lo lidere, del momento político o de otras circunstancias.
La vida es otra en el Ayuntamiento de la capital, donde Almeida censura que Vox lleve “cuatro meses atacando a mi persona”, con una vorágine de acusaciones mutuas. “La próxima vez que Ortega Smith diga que los nacionalistas chantajean en el Congreso, es lo que hace él con sus cuatro votos, negándose a sentarse con el equipo de Gobierno”, manifestó el alcalde, mientras desde la extrema derecha le afean que se desenvuelva como un gabinete continuista del que lideró Manuela Carmena.
El foco se dirige hoy a la presentación de un nuevo libro del expresidente español Mariano Rajoy, donde tras 40 días, desde el 19 de octubre, se reencontrarán Ayuso y Pablo Casado en medio de unas diferencias políticas y personales cada vez más evidentes.
Avance en la gratuidad de las etapas no obligatorias, a través del incremento durante los próximos tres o cuatro ejercicios presupuestarios en un 33% de los beneficiarios de las ayudas de educación infantil de 0 a 3 años, y de un 25 % en Bachillerato y Formación Profesional, medida con un coste de 62,5 millones de euros.
Auditorías de todas las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años, reducción de un 10 % de los gastos de promoción de las consejerías y otro tanto del presupuesto de Telemadrid, y análisis de la viabilidad de la fusión o supresión de órganos o entes públicos.
Auditoría específica de los costes de los servicios y de las subvenciones asociadas a los centros de menores extranjeros no acompañados, con un coste previsto de 50.000 euros.
“Somos un contrapeso, con una forma diferente de hacer las cosas, al Gobierno de la Nación”
Presidenta de la Comunidad de Madrid
“Vox hace matonismo político secuestrando a los madrileños en aras de su interés personal”
Alcalde de Madrid