El PSOE ha rechazado esta tarde considerar las enmiendas presentadas en el Congreso por ERC, EH Bildu, Junts y otros para la nueva Ley de Memoria Democrática, en la que estos grupos independentistas reclaman, entre otras cuestiones, acabar con la figura del rey. En este sentido, los socialistas recuerdan que respaldan sin fisuras la Constitución del 78, por lo que ni el monarca ni el modelo de jefatura de Estado están sometidos a debate en el seno del partido.
Así, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, ha respondido al contenido de las enmiendas de ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG; que por la mañana han presentado una batería de modificaciones conjuntas a la futura Ley de Memoria Democrática, entre las que destaca una que pide la supresión del título de rey por haber sido concedido a Juan Carlos I por un "régimen ilegal", en referencia a la dictadura franquista.
Estas formaciones han registrado un total de seis correcciones a la norma que se tramita en el Congreso y que debería sustituir a la Ley de Memoria Histórica vigente desde 2007.
La primera de ellas es la referente al monarca, y que aboga por la supresión del título de rey de España, "así como de todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan". Las formaciones soberanistas justifican su enmienda citando un artículo del propio proyecto de Ley de Memoria Democrática, el referente a los honores y distinciones "que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos".
Asimismo, estos seis partidos abogan en sus enmiendas por derogar parte de la Ley de Amnistía de 1977 y por añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se pueda juzgar a los responsables de "genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos" durante la Guerra Civil o el franquismo.
Otra de las enmiendas fija un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para que la comisaría de Vía Laietana de Barcelona -donde se dieron centenares de casos de torturas durante el franquismo- sea devuelta a la Generalitat "con la debida dotación presupuestaria para su transformación en un centro de memoria democrática".
Un inmueble en Donostia
Por otra parte, la cesión de las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia figura en las reclamaciones de estos partidos, que buscan que el traspaso de la titularidad de este inmueble -que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Franco en la ciudad- se produzca en el plazo de un año.
En el ámbito lingüístico, las formaciones independentistas piden una disposición adicional en la nueva ley que para que se reconozca, se estudie y se divulgue "la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas aragonesa, asturiana, catalana, gallega, occitana y vasca".
Por último, las enmiendas conjuntas abogan por la devolución de los ateneos, asociaciones culturales y otras entidades a sus legítimos dueños para reparar el expolio del franquismo.
