El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publicó este martes un informe sobre el Estado español en el que pide a las autoridades acercar a los presos de ETA cerca de sus familias.
"En base a una adecuada evaluación de riesgos, hay motivos para que estos presos sean ubicados más cerca de sus familias, ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España", asegura el informe de la visita en septiembre de 2020.
Basa su petición en "la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011", y en el hecho de que "su buen comportamiento en prisión no cambia su categorización".
Recuerda el informe que los reclusos de ETA han sido generalmente asignados a cárceles muy alejadas de Euskadi, "llevan mucho tiempo en prisión y, en su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado".
En su respuesta al CPT, el Ministerio del Interior asegura que "el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria" respecto a los presos de ETA, con "un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida".
Así, explica que en junio de 2018, con el anterior Ejecutivo, de los 241 presos, un 68,5 % estaba en prisiones a más de 400 kilómetros de su lugar de arraigo y un 3,3 % en cárceles vascas.
En junio de 2021, de los 192 internos, el 3,1 % estaba en cárceles alejadas a más de 400 kilómetros, el 25 % en prisiones vascas y el 65 % en centros penitenciarios alejados a más de 200 kilómetros.
La delegación del CPT visitó las prisiones de Brieva (Ávila), Castellón II, Soto del Real y Estremera (Madrid), Sevilla II, Picassent (Valencia), así como los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla.
DENUNCIAS DE MALOS TRATOS EN CÁRCELES DEL ESTADO
Su objetivo fue examinar el trato y las condiciones de arresto dispensadas en el Estado a todos los detenidos en comisarías y prisiones, no solo a los presos etarras.
Asegura el CPT que la cooperación de las autoridades españolas fue excelente y que las restricciones sanitarias por la pandemia "habían logrado en gran medida restringir la propagación del virus".
El informe recomienda a la Policía y Guardia Civil que "transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes".
"Aunque la mayoría de las personas declararon haber sido tratadas correctamente", la delegación "recibió un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional", dice el informe.
También recomienda que la Policía garantice a los detenidos un acceso rápido a un abogado y el derecho a la interpretación. Se pide además una mayor formación del personal en el uso de técnicas de control y contención, y que la videovigilancia esté operativa. Y prohíbe la aplicación del régimen de incomunicación a menores de 18 años.
La delegación europea visitó comisarias de Madrid, Algeciras, Castellón, Sevilla y Valencia. Mantuvo encuentros, entre otros, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
