- Si un acuerdo entre las partes no lo remedia, podría producirse un nuevo conflicto competencial entre los gobiernos vasco y español. El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer que ambas partes han acordado reunir la Comisión Bilateral de Cooperación para iniciar un proceso de negociación sobre la Ley Antipandemia aprobada por el Parlamento Vasco con los votos de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Es el procedimiento habitual que se abre por ley en caso de discrepancia y que, en el supuesto de no saldarse con un acuerdo, desembocaría en un recurso del Gobierno de Sánchez al Tribunal Constitucional contra quince artículos.
El Estado cuestiona que se regulen ciertas cuestiones que solo podrían activarse por Ley Orgánica. Cuestiona los artículos 8, 14, 15, 21, 23, 24 y 26 a 34, que aluden entre otras cuestiones a los tests y cribados, las condiciones para fumar en espacios públicos o la necesidad de guardar cuarentena, pero también aluden a las medidas que se pueden tomar para evitar los contagios, como el toque de queda o los horarios en los establecimientos. Todo ello, aunque la ley se remite al marco general del estado de alarma que decrete Madrid o a la ratificación judicial.
El Estado cree que esas medidas solo se pueden dictar a través de una Ley Orgánica, lo que genera a su vez una paradoja porque Sánchez se ha negado a redactar una Ley de Pandemias que dé cobertura a las comunidades y las invita a acudir al Tribunal Supremo. Sánchez se comprometió también a poner fin a la judicialización. Además, esta ley la impulsó un Gobierno vasco del que forma parte el PSE, con el apoyo de Podemos.
En cualquier caso, aún tienen seis meses para negociar. El artículo 24 de la ley en disputa se ajusta al marco general del estado alarma y a la ratificación judicial de las medidas, el 26 sobre la limitación de la movilidad nocturna también establece que deberá respetarse como mínimo lo establecido en el estado de alarma, y los sucesivos vuelven a recoger cuestiones como el toque de queda, horarios y movilidad territorial.