- El Parlamento Vasco instó ayer al Gobierno español a introducir las modificaciones necesarias en el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para que en las inversiones en producciones “se garantice un porcentaje concreto” de contenidos en euskera y en el resto de lenguas oficiales distintas del castellano. El pleno debatió sobre este tema a propuesta de EH Bildu, y acordó una enmienda transaccional con el PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, que salió adelante con el voto en contra de PP+C’s. Así, el Parlamento llama “al conjunto de instituciones competentes y agentes políticos implicados” para que en el marco abierto por anteproyecto de la Ley Audiovisual “se respete el ámbito competencial de Euskadi y se garantice la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas, así como la diversidad cultural y lingüística”.

El PNV mostró su preocupación por los apartados que han trascendido. En especial, según su diputado Joseba Díez Antxustegi, “no le gusta demasiado” que el texto “no respete el ámbito competencial” de Euskadi, dado que va más allá de regular la legislación básica del sector audiovisual, que es lo que según el ordenamiento jurídico corresponde regular al Estado; y avisó de que el PNV actuará de forma “contundente” si no se modifican estas cuestiones.

Desde EH Bildu, Jasone Agirre denunció que se trata de un documento elaborado desde una perspectiva “conservadora, centralista y mercantilista”, con el que se pretende atraer a las grandes compañías del sector audiovisual, entre las que citó Amazon o Netflix, haciendo de Madrid “un paraíso” para sus intereses.

El parlamentario del PSE Alberto Alonso recordó que esta reforma legal se encuentra “en fase de estudio” y subrayó que la “sensibilidad” del ministro de Cultura, Miquel Iceta, respecto a las lenguas cooficiales “es de sobra conocida”. Desde el PP+C’s, Luis Gordillo cree que si la ley estatal que se apruebe finalmente incluye las medidas contenidas en la enmienda, “es bastante probable” que acabe siendo recurrida ante la justicia europea por su posible falta de “proporcionalidad”.