- El Gobierno español presentará hoy su proyecto de Presupuestos para el próximo año sin haber alcanzado un acuerdo con el PNV. No existen garantías ni nada apalabrado para que las demandas de los jeltzales se reflejen de salida en el proyecto, y habrá que acudir al posterior y habitual trámite parlamentario de las enmiendas. En las últimas horas no había ninguna expectativa de que se cerrara de inmediato una negociación con el PNV que se está caracterizando por su complejidad. El pacto que sellaron el PSOE y Unidas Podemos para los Presupuestos el pasado martes era lo que cabía esperar porque gobiernan en coalición. Que presentaran hoy un proyecto en el Consejo de Ministros sin un entendimiento hubiera sido impensable, “hubiera clamado al cielo”, dicen desde el PNV. En el caso de los jeltzales, aún quedan semanas por delante, hasta el debate de las enmiendas a la totalidad que aún no tiene fecha, o incluso más allá. Y desde Sabin Etxea prevén ya una negociación larga.

El grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados confirma que no hay acuerdo sobre los Presupuestos. No entra en detalles, pero el PNV ha fijado en público el marco general: exige cumplir lo prometido hace meses sobre cuestiones como la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Lanbide, un terreno donde se ha constatado que el diálogo se intensifica, pero no se han alumbrado avances concretos. No hay novedades y desde Euskadi no se aceptará cerrar este debate en falso.

Sin llegar a referirse a este asunto como una línea roja, el PNV ha avisado de que incumplir lo pactado complica su apoyo. En cualquier caso, hay otras cuestiones sobre la mesa, como el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada en Bilbao y Gasteiz, donde no aceptará gato por liebre: se niega a que comiencen las obras de una estación provisional al aire libre sin iniciar ni dar la prioridad a la entrada a cubierto. Por otro lado, el margen de maniobra en los Presupuestos es más limitado ahora, porque la parte que en realidad transforma la economía está en los 25.000 millones del fondo europeo. Estos fondos se están repartiendo de manera poco satisfactoria para Euskadi, a la que ayer se asignaron 20 millones sobre un total de 500 para la transformación digital (4%).

Sobre la futura Ley de Vivienda, Moncloa ya concretó que no obliga a las comunidades, sino que serán ellas las que decidan si decretan una zona tensionada para rebajar los precios del alquiler de los grandes propietarios (fondos y empresas con más de diez inmuebles), y los ayuntamientos decidirán si aplican el recargo del 150% en el IBI para las viviendas vacías. El PNV sigue sin hacer valoraciones a la espera de que se concrete que no hay invasión competencial. La sensación es que no se pretende y, de todos modos, la ley vasca es más ambiciosa en puntos como la expropiación de pisos vacíos en determinadas condiciones o los recargos que se aplicarán pronto en Bilbao. La ley la lanzó el PSE. El actual consejero de Vivienda es Iñaki Arriola, socialista como Sánchez. No obstante, los mensajes en Madrid son confusos y ayer se añadió la prohibición de vender vivienda pública a fondos en 30 años.

El PNV tiene un pacto de investidura con Sánchez y seis escaños en el Congreso, pero no se puede descartar que el presidente español esté tentado de conseguir los votos por otras vías con menos vericuetos. Puede pensar que el apoyo de los soberanistas catalanes y EH Bildu está al alcance de la mano por los indultos y la normalización de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA. En ese caso, Sánchez no se vería obligado a ceder ante el PNV, aunque existe la percepción de que sí quiere contar con los jeltzales por el mensaje que lanza su apoyo al mundo económico, y se han evitado algunos conflictos innecesarios como incluir un aumento del impuesto al diésel. Además, el PP desataría una ofensiva de desgaste por tierra, mar y aire si el acuerdo con el nacionalismo vasco se limitara a la izquierda abertzale. De todos modos, tampoco parece que ERC se vaya a prestar a una negociación exprés, y se prepara para hacer “sudar” a Sánchez.

El PNV ha mostrado su disposición a acordar las Cuentas y que la legislatura aguante hasta 2023 o enero de 2024, pero exige contrapartidas y cumplir lo pactado, como el traspaso del IMV que tendría que haber llegado el 31 de octubre de 2020. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha prometido enviar otra oferta este mes, aunque el ministro Escrivá ha planteado una reforma legal que el PNV espera que no retrase el acuerdo más allá del día de la votación de las Cuentas. Todavía queda tiempo y la negociación no se va a despachar en 24 horas, una opción que hubiera restado margen para presionar y que la propia ERC también rechaza.

ERC debe gestionar el marcaje de Junts. El PSOE y Unidas Podemos se encuentran a 21 votos de la mayoría absoluta, y ERC prepara enmiendas que no guardan relación con la mesa del conflicto. Ayer tuvo que volver a responder a Junts. El president Aragonés se sacudió su presión y pidió “propuestas concretas” si quiere negociar de modo coordinado las Cuentas, donde sabe que Junts es menos proclive al acuerdo. Junts cree que ERC no cumple su pacto, que apostaba por la coordinación de las cámaras. Bolaños, por su lado, se niega a abordar el futuro de la Comisaría de Policía en la Vía Laietana, donde hubo torturas en la dictadura.

Sánchez anunció otro bono joven, con 400 euros para los que cumplan 18 años y con el objetivo de comprar libros y cultura en general. El bono de vivienda de 250 euros mensuales no lo pactó con Podemos.

Vivienda

La futura Ley de Vivienda recogerá, a propuesta de Unidas Podemos, la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas, como los fondos de inversión, para lo cual se establece un régimen de protección permanente que excluye su recalificación salvo en casos excepcionales que fijen las normativas autonómicas, aunque parece que se fija un mínimo de 30 años. Según Europa Press, se busca impedir casos como el que tuvo lugar en 2013 en la Comunidad de Madrid, cuando el Ejecutivo vendió casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora. Esta medida está pensada sobre todo para cortocircuitar al PP.

Diésel

Sánchez seguirá sin incluir en 2022 el impuesto al diésel, que lo separaba del PNV.