- Se avecinan nubes de tormenta sobre Moncloa a cuenta de la repatriación de los menores no acompañados a Marruecos, que lleva paralizada desde el día 16 tras ser recurrida por diversas ONG. Después de que la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenara ayer mantener esta suspensión, en un auto que suponía un auténtico rapapolvo a la actuación del Gobierno español, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocó de urgencia al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del PP. Ambos se reunirán hoy en Moncloa, lo que refleja lo complicado de la situación.
Se esperaba con interés la decisión de la jueza sobre la devolución de los jóvenes que, el pasado mayo, pasaron de forma irregular a Ceuta, donde permanecen desde entonces. El día 13 comenzó su retorno, a razón de unos 15 por día, aunque tan solo medio centenar volvió a Marruecos: este proceso fue suspendido de forma cautelar, situación que se mantendrá tras el auto de ayer mientras la jueza decide sobre el fondo.
En realidad, esta decisión afecta a solo nueve menores migrantes, cuya repatriación fue recurrida por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, pero el Gobierno de la ciudad autónoma anunció que mantendría paralizada la devolución del resto de jóvenes que siguen en Ceuta, en torno a 700, hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo.
El auto de ayer anticipa, por tanto, una posible sentencia contraria a los intereses del Gobierno, en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado especialmente señalado. Según el escrito, el acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 en el que la Abogacía del Estado basaba la defensa del procedimiento elegido para las expulsiones “no es un tratado internacional”, sino una mera “declaración de intenciones”. La magistrada recuerda que en su propio articulado se obliga a España a “acatar nuestro ordenamiento jurídico y las normas de derecho internacional, concretamente la Convención sobre los Derechos del Niño para proceder a la repatriación de los menores”.
A su juicio, “únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico”, algo que no se ha hecho ni con la Ley de Extranjería ni con la de Protección Jurídica del Menor. Esta apreciación, ya por sí sola, resulta demoledora para los intereses de Moncloa.
La jueza señala que “no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la ciudad autónoma de Ceuta, ni al Ministerio Fiscal”, por lo que no se puede saber si cumple con los trámites exigidos. También deja claro que la competencia en este caso es de la Delegación del Gobierno español en Ceuta, no del Ejecutivo de la ciudad. Concluye que el incumplimiento de los trámites que están recogidos en el ordenamiento jurídico “generan indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones”.
“La Justicia tumba los argumentos del Gobierno español y Marlaska debe dimitir”
Vicesecretario general de Ciudadanos
