- Fue poco antes de la inauguración, el pasado 1 de junio, del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ubicado en Gasteiz. Ese mismo día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la aprobación, “lo antes posible”, de una modificación legislativa para sancionar los ongietorris a presos de ETA. “Hay actos públicos que denotan ausencia de sensibilidad, una ausencia de valores democráticos”, añadió en RNE sobre una iniciativa de la que no han trascendido más detalles desde entonces.
Marlaska explicó que “si dentro de los márgenes del estado del derecho penal se entiende que esas conductas no son susceptibles de constituir un delito de enaltecimiento, nosotros ya tenemos un borrador avanzado para que se constituya en una infracción de carácter administrativo con la sanción correspondiente”, aseveró. En la misma intervención, el ministro rechazó, eso sí, reformar el Estatuto de la víctima para que este colectivo pueda recurrir decisiones como la concesión del tercer grado o los permisos penitenciarios a los presos de la banda.
A la espera de noticias sobre esa reforma de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el 30 de junio la Guardia Civil detuvo a los exmilitantes de ETA Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, Pipe, exjefe del comando Barcelona, por su presunta relación con la organización y coordinación de los ongietorris -quedaron en libertad con cargos horas después-. Los arrestos, ordenados por la Audiencia Nacional, se enmarcaron en la operación por la que, en enero de 2020, se detuvo a otras cuatro personas por organizar casi un centenar de recibimientos entre 2016 y 2019.
