- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se había mantenido estos días firme en su decisión de repatriar a los 800 jóvenes procedentes de Marruecos que entraron en Ceuta de forma irregular el pasado mes de mayo, pese a que sus propios socios de Gobierno, la ONU, el Defensor del Pueblo, la Abogacía española y numerosas ONG le exijan detener las devoluciones. Los menores llegaron a Ceuta en el marco de la crisis diplomática provocada por la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, al Estado español, y desde el pasado viernes se ha dado comienzo a esta ronda de repatriaciones, que avanza a razón de 15 jóvenes por día. El titular del Interior había asegurado ayer mismo por la mañana que se están llevando a cabo todos los procedimientos legales para la devolución de estas personas y que hay garantías de que vuelven con sus familias.

Sin embargo, horas después saltaron todas las alarmas. Por un lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ordenó “suspender” la repatriación de nueve menores no acompañados desde la ciudad autónoma, dejando en entredicho las palabras de Marlaska. Pero, horas después, el juzgado número dos de Ceuta, tras escuchar el testimonio de cinco niños, decidió directamente paralizar todos los traslados las próximas 72 horas, una decisión que adelantó la Cadena Ser y aboca al ministro a rectificar, aunque técnicamente tiene estas 72 horas para explicar el procedimiento y defenderlo.

En el primer auto, la jueza consideró que no se ha cumplido con las normas y principios del derecho internacional y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, insistió en que para proceder a la repatriación de los menores es indispensable abrir un expediente administrativo, en el que “deben constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen”.

Ciudadanos exigió explicaciones a Marlaska, así como la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. ERC, por su parte, pidió la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y Compromís solicitó explicaciones directamente al Gobierno, a través de una iniciativa parlamentaria. Mediante esta decisión, Marlaska gana enemigos dentro de su propio Gobierno, tensando la relación entre PSOE y Unidas Podemos. Después de conocer la decisión del juzgado de Ceuta, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, remitió una carta a Interior en la que pedía el cese de la operación de entrega de menores “hasta definir adecuadamente un protocolo” que establezca dos condiciones: que los menores que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad y que los que no quieran regresar se queden en España en condiciones de acogida dignas.

Además, Belarra afirmó que “por ningún medio y en ningún momento” el ministro del Interior se había puesto en contacto con ella. Marlaska se desmarcó de estas acusaciones y contradijo las declaraciones de su compañera de Ejecutivo, señalando que ha tenido comunicación con ella y su departamento de forma continuada.

Belarra no fue la única voz de Podemos en el Gobierno español que se opuso a las devoluciones de menores marroquíes desde Ceuta. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo lo propio mediante una carta remitida al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que trasladaba el “descontento” de su formación y exigía que las devoluciones se detuvieran “inmediatamente”, pero a la vista está que Sánchez no tuvo en consideración su misiva. La Fiscalía también está lanzando avisos.

Uno de los elementos más cuestionados sobre la devolución de los menores es si se está procediendo a su repatriación en contra de su voluntad. Marlaska insistió en que los jóvenes “querían volver a su país” y que “se garantiza el interés superior del menor y su integridad moral”. Sin embargo, Save The Children ha constatado a través de entrevistas personales a más de 300 menores que uno de cada cuatro ha llegado al Estado español después de sufrir violencia o explotación sexual. Además, uno de cada seis ha sufrido malos tratos o torturas en su país de origen. La responsable de Políticas de Infancia de la ONG, Carmela del Moral, considera “ilegal” la actuación del Gobierno, que está “vulnerando los derechos de los niños”.

La ONU también se posicionó en contra de Marlaska, y pidió al Gobierno español que suspenda la repatriación y transferir a los niños a un centro de protección de menores mientras el caso esté pendiente ante el Comité de Derechos del Niño.

“Todo el Gobierno trabaja de forma conjunta para garantizar el interés superior de los menores”

Ministro del Interior