iete meses después de que empezara oficialmente la negociación de la ley de vivienda, los socios de gobierno siguen sin acordar la regulación de los precios de alquiler, lo que mantiene en punto muerto uno de los proyectos legislativos que más desencuentro genera en el Ejecutivo de coalición. La sustitución el pasado mes de José Luis Ábalos por Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana generó alguna expectativa de desbloqueo, ya que los socialistas catalanes están más familiarizados con la regulación de rentas que el PSOE, que por primera vez acaba de incluir las ideas de “congelación de rentas” y “limitación de precios” en la ponencia de su 40 Congreso Federal. De hecho, Raquel Sánchez se acogió como alcaldesa de Gavá a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar los precios durante cinco años, igual que la docena de alcaldes socialistas del área metropolitana de Barcelona.

Desde que el Parlament aprobó en septiembre de 2020 su ley de contención de rentas, más de 60 municipios con mercados tensionados, incluido el que dirige Ada Colau, aplican estos límites. Una ley, la catalana, que el Gobierno de Pedro Sánchez (y también el PP) ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) -aunque sin pedir su suspensión automática-, por entender que una comunidad autónoma no tiene competencias para regular los alquileres, como ya advirtió el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya antes de su aprobación en el Parlament, donde el PSC votó en contra por ese motivo.

Por el momento, ni el Constitucional ha resuelto si la Generalitat tiene competencias para limitar el precio de los alquileres, ni la nueva ministra ha movido ficha, después de que el pasado 28 de julio tuviera su primera toma de contacto con la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La aspiración, entre otros, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es que la ley catalana obtenga su “paraguas legal” con la ley estatal por el derecho a la vivienda antes de que se pronuncie el TC.

La última oferta que Ábalos puso sobre la mesa en junio, antes de ser relevado, suponía congelar las rentas durante tres años en las zonas declaradas tensionadas, en caso de renovación de contratos por el mismo inquilino, y limitar al 10% el incremento del precio del último contrato para los inquilinos nuevos. Aunque Belarra rechazó la propuesta, la negociación experimentó entonces un punto de inflexión, ya que los socialistas aceptaban que hubiera una regulación del mercado y las posturas se acercaron. Incluso la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, avaló la propuesta de congelación y se abrió a fijar un marco para que las administraciones competentes puedan regular precios en determinadas circunstancias.

Desde el Ministerio aseguran que la negociación de la ley está “muy avanzada en lo referente a desahucios, viviendas vacías y grandes tenedores”, aunque no dan ningún punto por cerrado, mientras que en el entorno de Belarra insisten en que el tiempo va demostrando que la única forma de cumplir el acuerdo de gobierno y de Presupuestos es el “modelo catalán”. Esto supone que la regulación se efectúe, como ya ha hecho Catalunya, a través de los índices de precios de referencia. Cada comunidad podría crear su propio índice y, las que no lo tengan, acogerse al índice estatal que elabora el Ministerio español.

A partir de la declaración de zona tensionada de un municipio o de parte de él, los precios del alquiler no podrían superar ni los del contrato anterior ni el marcado por el índice de precio de referencia. Además Podemos quiere que los contratos de alquiler pasen de 5 y 7 años, según si el arrendatario es persona física o jurídica, a 10 y 14 años de duración, respectivamente.

A pesar de la desconfianza, se han acercado posiciones en situaciones como la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la obligación de las comunidades de ofrecer esa alternativa. Los socios de coalición se aferran al segundo semestre para llegar a un acuerdo.

Sánchez recurrió ante el TC la ley catalana para regular alquileres a la que se acogió, como alcaldesa de Gavá, la ministra Raquel Sánchez

Podemos insiste en que la única forma de cumplir el acuerdo de gobierno y de Presupuestos es apoyarse en el modelo catalán