- Las relaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos no atraviesan su mejor momento desde que el estado de alarma contra el coronavirus decayó el pasado 9 de mayo. La ausencia de ese paraguas jurídico provoca que medidas como los toques de queda nocturnos, los cierres perimetrales de territorios y el límite en el número de personas que pueden reunirse en espacios públicos y cerrados necesiten ahora de una autorización judicial, con la consiguiente disparidad de criterios de los tribunales. La afección de la quinta ola del covid-19, con todos los indicadores al alza, hace que el caldo de cultivo no sea el más plácido posible de cara a la Conferencia de Presidentes convocada por Sánchez para este viernes en Salamanca. Por lo pronto, y cada uno por sus propias razones, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, ya ha anunciado que no acudirá; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo hará pero de una forma crítica; y el lehendakari Iñigo Urkullu aún no ha desvelado su decisión final al respecto.
Las formas también son importantes y, en el caso del jefe del Ejecutivo vasco, la convocatoria unilateral de este foro por parte de Sánchez, junto con la tardanza en desvelar el orden de temas día que se pretende abordar, han hecho que sea más que reticente de cara a participar en el mismo. De forma paralela, la Comisión Mixta del Concierto Económico no se ha convocado aún para concertar los nuevos impuestos y Sánchez ha dado la callada por respuesta a la propuesta de Urkullu de propiciar un marco de seguridad jurídica para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas contra la crisis sanitaria, o que la mascarilla sea obligatoria.
Las relación del PNV con el Gobierno español tampoco atraviesa su mejor momento, por la actitud de Pedro Sánchez de dar por supuesto el apoyo de los partidos de la investidura y obrar, por tanto, de forma unilateral. Ello se ha traducido en dos abstenciones críticas del Grupo Vasco en el Congreso en las votaciones para mantener la no obligatoriedad del uso de las mascarillas y sobre el decreto de los interinos de la Administración pública, que el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha salvado sobre la campana. A lo largo de los próximos días se confirmará la presencia o no del lehendakari en el encuentro del viernes, que llevaba sin convocarse desde el 26 de octubre de 2020 en lo que supuso la XXIII Conferencia de Presidentes.
Respecto al resto de líderes autonómicos, Pere Aragonés ya anunció su negativa a acudir a este foro pese a que se lo pidió expresamente Sánchez en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en el Palacio de La Moncloa. Fuentes del Govern aseguraban que no asistirá a un acto meramente “simbólico” para “ir a hacerse una foto” y porque prioriza las comisiones “bilaterales” entre el Estado y la Generalitat.
De este modo, a donde sí acudirá el Govern será a la Comisión Bilateral con el Ejecutivo español que se celebrará en Madrid el 2 de agosto, apenas tres días después de la cumbre autonómica. Para el mes de septiembre está previsto que se reúna la mesa de diálogo sobre Catalunya, creada por ambos gobiernos a principios de 2020 pero que solo llegó a celebrar una reunión, antes de que el estallido de la crisis sanitaria paralizara sus trabajos.
Quien ha amenazado con no ir más a estas reuniones de presidentes autonómicos ha sido la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Ejecutivo de incumplir el reglamento de la Conferencia de Presidentes. Advirtió de que en esta ocasión sí acudirá pero, de cara al futuro, mientras Sánchez las organice sin programarlas con tiempo y “no se traten de acuerdo al reglamento”, con un orden del día y 20 días de preaviso, la Comunidad de Madrid “no va a seguir asistiendo”.
Igualmente crítico se ha mostrado otro de los barones del PP, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que “no es una Conferencia de Presidentes, es una reunión de presidentes convocados por el presidente del Gobierno, a la que vamos por lealtad institucional y por responsabilidad”. Recordó que estas cumbres tienen un reglamento aprobado en el Senado y que se ha visto incumplido en este caso. “No hay documentación previa, no hay un pacto sobre los asuntos en el orden del día y ninguna resolución o acuerdo de obligado cumplimiento” para su aprobación, censuró.
Hasta el pasado jueves no se conoció, y no de forma oficial, el orden del día de la cumbre, con un primer punto para analizar la situación de la campaña de vacunación y de los efectos del covid-19, así como la gestión y los próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la llegada de los fondos europeos. El segundo punto del orden del día se refiere a la presentación de la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico para impulsar la agenda común entre los diferentes niveles de gobierno. Según fuentes autonómicas, Moncloa se había limitado antes a remitir un breve correo electrónico que solo indicaba el día de la reunión y el lugar.
Tal y como el propio Gobierno ha informado a los presidentes autonómicos, tendrán cinco minutos cada uno para su intervención. Las comunidades autónomas ya han ido avanzando lo que plantearán a Sánchez en esta Conferencia de Presidentes, y así defenderán sus proyectos para la recepción de estos fondos europeos. Autonomías como La Rioja, Asturias, Andalucía o la Comunidad Valenciana han adelantado su predisposición a hablar sobre la situación epidemiológica y de la campaña de vacunación.
Ejercerá de anfitrión el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que aprovechará para exigir un reparto de los fondos europeos justo y equitativo y una política activa contra la despoblación. La mejora de las infraestructuras, una ley de pequeños municipios, la fiscalidad y los costes laborales en Soria o que el Gobierno considere a la provincia de Zamora en zona de riesgo de despoblación son otras de las medidas concretas que reclamará.
Por su parte, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, acudirá a la cita con la exigencia de “resolver la infrafinanciación actual” de Baleares. Planteará también “la necesidad de hacer frente” al reto demográfico, marcado por la “sobrepoblación” y por la suma de la población flotante en verano como consecuencia de la “sobrecarga” del turismo. Muy crítico con la “pseudoconferencia de presidentes” se mostró ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que criticó que “solo busca la fotografía, es retórica y no busca coordinar”.
“Queremos resolver la infrafinanciación, la sobrepoblación y la sobrecarga del turismo”
Presidenta del Govern balear
“La pseudoconferencia de presidentes solo busca la fotografía, es retórica, no busca coordinar”
Portavoz de la Comunidad de Madrid
