El PNV avisa a Sánchez de que la vía judicial contra el virus incumple su pacto

La diputada jeltzale Josune Gorospe leyó ayer textualmente ese punto del acuerdo, y también el que obliga al presidente a dar a conocer al PNV con antelación las iniciativas que vaya a llevar al Congreso de los Diputados, y alcanzar un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia. “Eso no ha pasado con el decreto de la mascarilla ni con otros”, lamentó, sin entrar a calificar este hecho como un incumplimiento o hacer sangre con él, pero sí dejando constancia de que esto se debe reconducir.

Estos dos puntos son precisamente los que encabezan el pacto firmado el 30 de diciembre de 2019 por Sánchez y Andoni Ortuzar. Fueron detallados por Gorospe en Onda Vasca y explican el resultado de la votación del miércoles. El PNV se abstuvo en los decretos que relajan el uso de la mascarilla al aire libre y que tratan de reducir el número de interinos, dos asuntos donde solo hubo una negociación en el último momento y, además, se vuelve a recurrir a la figura del decreto que limita las opciones de influir e impide presentar enmiendas. Solo se pueden reconducir a posteriori, durante la tramitación como proyecto de ley. De ahí la delicada situación a la que ha llevado Sánchez su relación con los jeltzales en puertas de negociar los Presupuestos para 2022. Y llueve sobre mojado, porque el partido de Andoni Ortuzar ya arrastraba su malestar por el bloqueo en el traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital, la licitación de las obras para el soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada en Bilbao y Gasteiz, el reparto de los fondos europeos o la tardanza en convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico. El portavoz Aitor Esteban ya trasladó en persona al ministro Bolaños en su conversación telefónica del jueves que debe producirse un cambio de actitud y el Gobierno español tiene que dejar de comportarse como si tuviera mayoría absoluta. Espera que la reunión en septiembre sirva como punto de inflexión para reconducir esta actitud.

Gorospe abundó en que “la judicialización de la política, en todos los órdenes, es mala; y en la estrategia de respuesta a una emergencia sanitaria, más aún”. “Es lamentable que no exista una respuesta política para que en ese ámbito se pueda dar un paraguas de seguridad jurídica para las comunidades autónomas, para que no estén al albur de las decisiones de los tribunales”, zanjó.

Sánchez dejó caer el estado de alarma el 9 de mayo sin activar un paraguas alternativo que permitiese a las comunidades autónomas mantener las restricciones. Ofreció como única vía el recurso a los jueces, que han emitido decisiones contradictorias y han sido especialmente poco receptivos en Euskadi. Esta situación ha dejado al lehendakari con un margen de maniobra escaso. Ha adelantado el cierre de la hostelería a la 1.00 de la madrugada y ha reducido aforos, pero ha tenido que apelar a la voluntad de cada uno al proponer que no haya movilidad entre la 1.00 y las 6.00 horas.

Urkullu también ha rechazado acudir a la vía judicial para un asunto que cree cuestión de voluntad política y sentido común, y en la situación actual no es previsible que cambie de idea, aunque no puede poner la mano en el fuego por si la situación se tornara dramática a nivel sanitario. Dice que ha sondeado a comunidades como Cantabria, Aragón, Castilla y León y Nafarroa sobre las decisiones judiciales contradictorias. Por otro lado, el Supremo ha avalado el confinamiento de un pueblo andaluz y está por ver si es extrapolable a otros casos.

Gorospe recordó que el primer punto del acuerdo compromete al Gobierno PSOE-Unidas Podemos a “mantener una comunicación fluida y constante con el PNV dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar, comprometiéndose además a llegar a un acuerdo satisfactorio en caso de discrepancia”. Añadió el segundo punto, el ya mencionado sobre la judicialización.

Pero hay más, y Gorospe se refirió también a las transferencias, que aparecen en el tercer punto del acuerdo de investidura. El pacto asegura que en 2020 se debía haber procedido a la negociación y traspaso de las competencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika, aunque la pandemia del coronavirus ha contribuido a retrasar unas conversaciones ya de por sí complicadas. Gorospe pidió a la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que “se ponga las pilas”. “Tiene que dar respuesta y prioridad a este tema”, alentó.

Giro del TC

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer por unanimidad mantener la suspensión del apartado de la Ley de Salud de Galicia que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a “imponer la vacunación obligatoria” en determinadas situaciones, pero levantó la suspensión cautelar sobre otros preceptos como, por ejemplo, los que permiten aplicar restricciones y cierres perimetrales. La suspensión se mantiene en la pretensión de vacunación obligatoria, en lo referido “a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”. Sí levanta la suspensión del artículo 38.2, en virtud del cual las autoridades “podrán adoptar medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control”, y también controlar las zonas geográficas afectadas de manera proporcional, lo que abre la puerta a los cierres perimetrales. El TC razona que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 3/1986.

“Es lamentable que no exista respuesta política para dar un paraguas a las comunidades”

Diputada del PNV en el Congreso