El Gobierno español de Pedro Sánchez no mueve ficha a pesar de la ola del coronavirus entre los jóvenes, y a pesar de las limitaciones de las comunidades autónomas para hacerle frente. Unos días después de que los tribunales hayan emitido resoluciones contradictorias sobre las herramientas que se pueden utilizar, como el toque de queda nocturno, la portavoz Isabel Rodríguez ha rechazado este lunes de manera taxativa redactar una Ley de Pandemias para ofrecer cobertura legal a los territorios, porque cree que ya tienen a su disposición mecanismos suficientes. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo el Ejecutivo admite que existe un problema de disparidad judicial. Lo admite pero, al menos en público, no da señales de habilitar una solución política.
Desde que el presidente español, Pedro Sánchez, decidió poner fin al estado de alarma el 9 de mayo, lo ha fiado todo a que el Tribunal Supremo unifique doctrina, algo que no ha sucedido. Rodríguez admitió que "estaría bien" que los jueces aunaran su doctrina, pero añadió que "hay herramientas suficientes", que basta con las leyes sanitarias y con las competencias de las comunidades, según dijo en la cadena Ser.
No ha sido así en Euskadi, donde su tribunal superior de justicia ya rechazó hace dos meses el toque de queda, las limitaciones al número de personas en los encuentros sociales y los cierres perimetrales. Canarias también ha visto cómo tumban su toque de queda, así como Extremadura, pero sí se permite, por ejemplo, en 32 localidades de la Comunidad Valenciana, más de un centenar en Catalunya, y también en una buena cantidad de municipios de la comunidad vecina de Cantabria.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha tumbado el confinamiento durante el primer estado de alarma, una decisión que ha caído como un misil en el Gobierno español y ha alimentado la hipótesis de que estudie un retoque legal para no verse abocado a decretar el estado de excepción si vuelve a suceder algo similar. Pero la portavoz descarta una Ley de Pandemias para dar cobertura a las comunidades, a pesar de que el PNV, el lehendakari Urkullu, voces del soberanismo catalán, EH Bildu e incluso el PP le habían pedido habilitar a las comunidades para tomar decisiones.
SOLUCIÓN DE MÍNIMOS
Urkullu pidió este domingo en DEIA cobertura legal o, al menos, si Sánchez está preocupado por el impacto económico que pudieran tener las restricciones en el turismo, que habilite una solución de mínimos que consista en recuperar el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. Desde el PP, Pablo Casado ha propuesto una ley y aprobarla "en quince días". Urkullu ha pedido a Sánchez que no se deje guiar por el temor a perder una votación en el Congreso porque sería un recelo infundado, en la medida en que varios presidentes autonómicos están dispuestos a colaborar. Lo que se plantea es una percha legal que respete las competencias autonómicas y la situación de cada una.
Rodríguez confesó que lo deseable con los jueces sería que hubiera un consenso sobre las restricciones, pero descartó más movimientos o instaurar el estado de alarma. A su juicio, las comunidades ya tienen "herramientas suficientes". Sobre el fallo del Constitucional, opinó que quizás hubiera sido otro si los magistrados hubieran pensado en la situación sanitaria dramática en marzo del año pasado.
EL PP INSISTE
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, insistió en Televisión Española en que el Gobierno español debe elaborar una Ley de Pandemias para afrontar la desescalada ante la "inseguridad jurídica" que están viviendo en propias carnes las comunidades autónomas en esta ola joven del coronavirus.
