- La abogada Arantza Zulueta negó ayer haber pertenecido al aparato jurídico de ETA, conocido como Halboka, así como haber mantenido una comunicación permanente con la cúpula de la banda o haber cobrado el impuesto revolucionario a empresarios. “Nunca he visto o tocado un arma”, afirmó.

Con el interrogatorio de los acusados, la Audiencia Nacional celebró la segunda sesión del juicio por el sumario 13/13. Este procedimiento se dirige contra ocho supuestos miembros del aparato jurídico de ETA, que presuntamente habría liderado Arantza Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos -al serle hallada en un USB la ubicación de varios zulos-.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita entre siete y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la organización.

Se trata de Naia Zurriarain, Julen Celarain, Iker Sarriegui, Saioa Aguirre y Nerea Redondo.

Zulueta, que solo respondió a preguntas de su abogado y otra defensa, desmintió su pertenencia a cualquier aparato de ETA como desprenden algunos informes de la Guardia Civil en los que la identifican con los apodos Marxel y Bixer. “No soy yo ni conozco a nadie a quien le llamen así”, defendió.

Algunos documentos del sumario desvelan que la persona con esos alias recibía y realizaba comunicaciones con miembros de la banda, mantenía reuniones con sus miembros y con presos en prisión e incluso gestionaba el cobro del impuesto revolucionario.

Sí reconoció Zulueta haber pertenecido al colectivo de abogados que asistían a presos de ETA y, en concreto, al frente de cárceles, como confesó en el juicio a los makos en el que fue condenada junto a Enparantza, Zurriarain, Celarain y Esparza a penas leves de cárcel.

Según expuso el abogado defensor de Zulueta, la sentencia de ese procedimiento explicaba que el frente de cárceles estuvo activo “de forma ininterrumpida” entre el 2003 y 2014 pese a las detenciones e imputaciones de algunos de sus miembros, algunos de los que comparten banquillo por segunda vez durante estos días.

De esta forma, el letrado volvió a alegar que estos hechos son “cosa ya juzgada”, una cuestión que desestimó la jueza Ángela Murillo el pasado lunes.