- El Govern aprobó ayer la transferencia de 10 millones de euros para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los ex altos cargos del Ejecutivo catalán sancionados por promover el procés en el exterior. Esta suma irá dirigida al Fondo Complementario de Riesgos que aprobó la semana pasada la Generalitat. Entre los afectados se encuentran el expresident Carles Puigdemont y varios miembros de su entonces gabinete -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-, que se enfrentan a una petición total de 5,4 millones de euros por parte del órgano contable por los fondos destinados al referéndum y los gastos destinados a la acción exterior entre 2011 y 2017. El tribunal ya cifró en 4,1 millones de euros los fondos públicos presuntamente malversados para pagar los gastos de la consulta, una cantidad ya confiscada.
Tras el Consell Executiu de ayer, la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, se limitó a afirmar que “este dinero sale de las arcas de la Generalitat”, pero no detalló de qué departamentos, e insistió en que el decreto ley cumple “todos los requisitos jurídicos” necesarios.
La semana pasada la Generalitat acordó crear el Fondo Complementario de Riesgos, que a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), servirá para que el Govern actúe como contraaval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Plaja no dijo cuál será la entidad bancaria encargada de respaldar el fondo, aunque se podría activar una “alternativa” si finalmente no hay ningún banco que lo avale.
Este fondo ha sido creado para “dar cobertura a servidores públicos que no quedaban cubiertos por otros mecanismos actuales” de la Generalitat, “en aquellos procedimientos judiciales o administrativos en los que se viese implicados por acciones realizadas en ejercicio de sus funciones”, concluyó.
En paralelo, el líder del PSC en el Parlament y exministro de Sanidad, Salvador Illa, se pronunció en términos similares en una entrevista en RAC-1, y reiteró, como ya dijo a DNA, que el fondo “se ajusta a la legalidad”, más allá de que está dirigido a personas determinadas. Resaltó que la ejecución del decreto no se paraliza pese a haberlo llevado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) -algo que también hicieron C’s y PP-, y confió en que su dictamen esté listo lo antes posible. En este sentido, el president Pere Aragonès señaló que el fondo tiene “una fuerte solidez desde el punto de vista legal”, y que por este motivo cree que no habrá “ningún recurso en contra” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado, preguntado por si estaría dispuesto a dialogar en una mesa catalana de partidos con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el máximo dirigentes de Junts, Carles Puigdemont, Illa respondió que no tendría inconveniente en hacerlo con el republicano, pero recalcó que Puigdemont “ha eludido las consecuencias de sus responsabilidades y actos que tomó como president”. Por último, el líder del PSC precisó que no le preocupa que Miquel Iceta, que ha dejado Política Territorial en Moncloa para recoger la cartera de Cultura y Deportes, siga siendo el primer secretario del partido, y subrayó que el asunto se abordará cuando se deba abordar.
Desestima las cautelares. El Tribunal Supremo rechazó ayer suspender de manera cautelar los reales decretos por los que se concedieron los indultos de las penas de prisión de nueve de los condenados del procés al considerar que no concurren las circunstancias que se exigen para adoptar la medida cautelar requerida -suspender los indultos- mientras se tramita el fondo de los recursos que ambas partes han presentado contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. En los autos referidos a cada uno de los indultados, los magistrados explicaron que el hecho de que se mantenga la aplicación del indulto “no impide” que en el caso de una sentencia favorable al recurso de Ciudadanos y Vox los condenados cumplan la pena de prisión pendiente.
