- La hasta ahora presidenta del Senado Pilar Llop es la nueva ministra de Justicia en sustitución de Juan Carlos Campo. Hereda la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva paralizado desde finales de 2018. Especialista en violencia de género, fue delegada del Gobierno para esa materia desde julio de 2018 a abril de 2019. Sánchez destacó a Llop “por su mesura y su sentido institucional”, además de por su “compromiso feminista desde la sociedad civil y también desde distintas responsabilidades” públicas.

Además de ser jueza -accedió a la carrera judicial por el turno libre-, Llop ha presidido durante dos años y medio el Senado, tras hacerse con este cargo en la sesión constitutiva del 3 de diciembre del año 2019 por 130 votos a favor en la segunda votación. Sin embargo, al ser senadora por designación autonómica por la Asamblea de Madrid, necesitaba refrendar su cargo en la Presidencia de la Cámara Alta al volver a ser elegida como parlamentaria madrileña. De hecho, la sesión plenaria para ratificarla en la Presidencia de la Cámara Alta se iba a celebrar este mismo lunes 12 de julio, un Pleno que ahora mismo está en el aire.

Ahora en Justicia, la expresidenta del Senado tiene por delante no solo el reto de renovar el CGPJ -se tendrá que entender con el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López-, sino también la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Está pendiente la renovación de cuatro miembros de los 12 que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Hace meses que el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó que se debe de iniciar este procedimiento.

Además, deberá continuar con el diálogo con jueces y fiscales para el desarrollo e implementación de la nueva LECrim cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que se pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea. Más complejo será el reto de reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para adaptarlos a los nuevos tiempos, y seguir lidiando con el proceso de desjudicialización del conflicto catalán, cuyo último hito ha sido el indulto a los líderes del procés, o la reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona.