- Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido renunció ayer a llevar al Tribunal Constitucional la reforma auspiciada por el Gobierno español que aprobó el Congreso y que limita algunos poderes del órgano de Gobierno de los jueces mientras se encuentre en funciones.

Los magistrados más conservadores del CGPJ -que lleva pendiente de renovación más de dos años debido a la imposibilidad de acuerdo entre el PSOE y el PP- pretendían elevar una queja al Constitucional, todo ello en una estrategia para intentar erosionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez e intentar presionar para una renovación urgente del órgano.

Sin embargo, este sector no tuvo éxito en el pleno extraordinario que celebró ayer por la tarde el órgano de Gobierno de los jueces, y la votación se saldó con 13 votos en contra de elevar la reforma al Tribunal Constitucional, frente a ocho votos a favor.

De esta forma, el órgano presidido por el magistrado Carlos Lesmes asume de forma implícita la legitimidad de la reforma impulsada en sede parlamentaria por el PSOE y por Unidas Podemos y que, entre otras cuestiones, limita al órgano los nombramientos para cubrir nuevas plazas en la magistratura mientras se encuentre en funciones.

El objetivo de esta reforma, aprobada en la Cámara Baja el pasado mes de marzo, era evitar que el órgano de Gobierno de los jueces continuara realizando nombramientos y cubriendo nuevas plazas con su actual composición, que data de la época en la que el PP gozada de mayoría absoluta y no se corresponde en absoluto con el reparto parlamentario de esta legislatura.

A partir de ahora, toca esperar a ver si se materializa finalmente el tan esperado acuerdo entre socialistas y populares, que pondría fin a una etapa de casi dos años y medio en los que el principal órgano de la magistratura ha actuado casi con plenos poderes a pesar de encontrarse en funciones. Por el momento, todos los intentos de pacto entre las dos formaciones han resultado infructuosos, aunque en las últimas semanas las conversaciones se han reanudado.

Previamente, numerosos jueces se movilizaron en redes sociales para pedir que, antes de que el PSOE y el PP pacten la renovación del Consejo, se reforme la ley para despolitizarlo. Dos de la cuatro principales asociaciones judiciales, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, participaron en la campaña en Twitter con el mensaje “reformar para renovar”.

En opinión de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, “no hay excusas” para que los partidos “se vuelvan a repartir” el órgano de Gobierno de los jueces. “La independencia y el prestigio del CGPJ no pueden esperar ni un día más”, sostiene esta asociación, la segunda en representación, que reclama que se atienda a la Comisión Europea y se reforme la ley para que los jueces elijan de forma directa a al menos la mitad de los vocales.

Un mensaje similar publicó Foro Judicial Independiente, que reclama, además de una Justicia independiente, “medios eficientes y de calidad, acordes con el Estado de derecho y los estándares europeos”. Varios de los magistrados que se sumaron a la campaña en redes publicaron asimismo fotos con la toga dando la espalda a la cámara.