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Borràs, a la espera de ERC para iniciar la ronda de la investidura

Los republicanos son los únicos que aún no han formado grupo, por lo que los contactos siguen en ‘stand by’

- La presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, está pendiente de que ERC constituya su grupo parlamentario -es la única fuerza de la Cámara que aún no lo ha formalizado- para iniciar la preceptiva ronda de consultas de cara a proponer un candidato a la investidura como president de la Generalitat. Borràs visitó ayer a los líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners, seis días después de haber sido elegida presidenta del Parlament, y a la salida justificó por qué aún no ha activado la ronda de consultas con los distintos líderes parlamentarios catalanes, previa al debate de investidura.

De acuerdo con el reglamento del Parlament, el debate de investidura debe celebrarse como muy tarde el 26 de marzo, y le corresponde a la presidenta de la Cámara proponer a un candidato que reúna los apoyos suficientes para ser investido president. No obstante, Borràs aún no ha iniciado esos contactos: “No he podido comenzar esta ronda de consultas entre otras cosas porque aún no están constituidos todos los grupos parlamentarios”, alegó.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe indicaron que solo queda por constituir el grupo de ERC, que dispone de 33 diputados y que sigue negociando con JxCat y la CUP para hacer posible la investidura de su candidato, Pere Aragonès.

Cuando todos los grupos estén constituidos, aseguró Borràs, se iniciará “la ronda de consultas, tal y como marca el reglamento”, que además “indica claramente que el día 26 debería poder hacerse este debate si hay candidato que disponga del apoyo” necesario. “En el caso de que haya este apoyo para alguno de los candidatos, se hará efectivo el pleno en el límite que marca el reglamento”, añadió.

Respecto a su visita a los presos, explicó que “están preocupados por las decisiones de la justicia que muestran un componente de arbitrariedad respecto al tercer grado”, lo que supone, a su juicio, “una represión añadida a quien ya está en una situación de represión”.