El PNV ha pasado a la acción. Tras avisar al Gobierno español de que su paciencia se acerca peligrosamente al límite por su costumbre de negociar los decretos a última hora, los jeltzales concretaron ayer su descontento votando en contra de un decreto del Ministerio de la Seguridad Social que, más allá de incomodar en las formas, incluye cambios en el Ingreso Mínimo Vital que suponen una invasión competencial en el procedimiento para conceder la ayuda. El conflicto es de fondo.
Los jeltzales piden un cambio de chip y que el Ejecutivo ponga fin a su costumbre de abrir el diálogo in extremis, pocas horas antes de la votación y no en su fase inicial de redacción de los proyectos, lo que deja un margen de influencia mucho menor a partidos como el PNV, que es socio preferente de Pedro Sánchez y cuyos seis votos son determinantes en la estabilidad de la legislatura. En cuanto al fondo, el PNV ha detectado una “flagrante” invasión competencial sobre el Ingreso Mínimo Vital.
Con el argumento de que los servicios sociales no están del todo desarrollados en buena parte de las comunidades, lo que supone obviar la trayectoria vasca con el pago de la Renta de Garantía de Ingresos, el decreto otorga a las entidades del tercer sector social un papel mayor, participativo en lugar de consultivo, a la hora de acreditar las situaciones de infravivienda y necesidad, y redactar los informes preceptivos en base a los cuales se atienden las solicitudes. Además, las incorpora pisando callos en las comunidades autónomas, porque exige que sean entidades con implantación en todo el Estado (como Cruz Roja y Caritas) y excluye a las locales, con un conocimiento más específico de las situaciones de vulnerabilidad de su territorio. El diputado Iñigo Barandiaran explica a DNA que condiciona “por completo” el desarrollo del IMV, pendiente de transferirse.
Sánchez vivió al límite otra vez en la votación de ayer, que superó de manera ajustada en el Congreso de los Diputados (168 votos a favor, 164 en contra y 16 abstenciones), y lo hizo con el poco habitual apoyo de JxCat. Tuvo la abstención de ERC y EH Bildu, que deja el terreno abonado para que el PNV la critique por pasar por alto una vulneración del autobierno.
EH Bildu vuelve a escenificar que contribuye a la estabilidad en el Estado y normaliza su relación con los socialistas, pero se deja un flanco al descubierto: el portavoz del PNV, Aitor Esteban, no comprendió que el decreto haya superado la votación “gracias a EH Bildu, que lo habrá hecho pensando en sus intereses estratégicos, pero no en la ciudadanía vasca”. La crítica molestó a la coalición. Mertxe Aizpurua acusó al PNV de votar en contra de ayudar a las mujeres con pensiones más bajas por la pelea con el Gobierno español “por el enésimo retraso” en el IMV.
El jeltzale Barandiaran denunció desde la tribuna la “flagrante invasión competencial” y que el ministro Escrivá “haya superpuesto su propia visión, solapando las competencias propias de la comunidad autónoma”. El IMV está siendo gestionado por las instituciones vascas con una encomienda de gestión a la espera de que se concrete el traspaso, pactado desde hace meses. Esta prestación se complementa con la RGI que lleva décadas en marcha. Lo que hace el decreto es “meter la cuña” en el modelo vasco de atención social que ya existe, en el que colaboran los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno, y dificulta que se integre con el IMV. Además, estipula el procedimiento del IMV cuando aún no se ha transferido.
Barandiaran explica que el cambio que introduce el decreto supone que ya no sean los servicios sociales vascos quienes tomen la decisión sobre el derecho a recibir la ayuda cuando, además, Euskadi tiene su propia ley de servicios sociales. La modificación del decreto “impide” a Euskadi realizar su propio procedimiento. El decreto estipula que los informes los realizarán las entidades que tienen que estar en un registro, solo pueden ser del tercer sector, y tener implantación en todo el Estado. En suelo vasco ya existe un registro, y es amplio, pero no para la participación de esas entidades, sino para ser consultadas.
El rechazo del PNV llega después de haber trasladado al Gobierno español que su paciencia se agota.
Lo avisó en la votación del decreto de los fondos europeos, donde el diálogo se abrió también con prisas. Para mayor inquietud del PNV, ayer se repitió el modus operandi que consiste en someter a votación decretos que actúan como un cajón de sastre, donde se incorporan medidas que cuentan con su apoyo, pero se suman de rondón polémicas como el cambio en el IMV. De ahí que se viera obligado a votar contra el decreto de medidas para reducir la brecha de género y otras materias de la Seguridad Social aunque comparta muchos puntos, como el reconocimiento de las prestaciones de enfermedad profesional para trabajadores de centros sociosanitarios que hayan contraído el virus, o la modificación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.
El Gobierno español acostumbra a quitarse la presión prometiendo tramitar los decretos como proyecto de ley, pero sin tener claros los tiempos. Y, mientras tanto, lo que está en vigor es el decreto de puño y letra del gobierno. Esta polémica se suma a la crítica del PNV por el enredo constante entre el PSOE y Unidas Podemos. Podemos, eso sí, no metió al PNV en la melé de contactos para tratar de sabotear la ley de no discriminación del PSOE.
