- El Tribunal Supremo ha rebobinado la cinta del proceso soberanista catalán para volver al escenario de la judicialización y endurecer las condiciones en las que cumplen condena los nueve presos por el referéndum del 1 de octubre de 2017. El tribunal que sentenció a los condenados publicó ayer nueve autos, uno por cada preso, para tumbar el tercer grado concedido por la Generalitat, que otorgaba la posibilidad de volver a la cárcel únicamente para dormir, y lo hace con el argumento de que no han pasado el tiempo suficiente en prisión para valorar su evolución personal, de manera que la decisión de aliviar su régimen penitenciario tendría que llevar aparejada una justificación reforzada. Sostiene que las condenas se sitúan entre los 9 y los 13 años, que ninguno ha cumplido la mitad y que la mayoría, salvo los Jordis y el exconseller Forn, tampoco ha consumido la cuarta parte. Les niega igualmente el régimen flexible del artículo 100.2, es decir, la opción de salir de la cárcel para trabajar, realizar tareas de voluntariado o cuidar a familiares. Cree que las actividades que querían realizar no estaban vinculadas con el proceso de reinserción, siguiendo la doctrina de quienes veían en esos permisos un tercer grado encubierto. Asume así el recurso de la Fiscalía. Los autos contribuyeron a enrarecer el clima en Catalunya precisamente un día después de la aprobación de los Presupuestos estatales con el voto a favor de ERC. Había dado señales de querer implicarse en la gobernabilidad del Estado en paralelo a los movimientos del Gobierno español para devolver el debate territorial a la senda del diálogo y sacarlo de los tribunales. El Ejecutivo español se encontraba tramitando los indultos de los presos, y también una reforma sobre el delito de sedición. Visto el precedente que marca el Supremo, se espera un pronunciamiento negativo sobre el indulto, y el Gobierno español parece quedar abocado a tomar la decisión política por su cuenta, en puertas de las elecciones catalanas del 14 de febrero si la evolución del coronavirus permite celebrarlas.

Por otro lado, los autos desataron un amplio debate jurídico, porque tumban las decisiones avaladas por los jueces de vigilancia penitenciaria. Además, el tribunal reivindica que hace falta tiempo para evaluar la reinserción de los presos pero, bajo la apariencia formal de una decisión individualizada en autos separados, en la práctica revoca de una sola vez el tercer grado para todos ellos con textos similares. Para rizar el rizo, es el tribunal sentenciador el que revoca no ya la progresión de grado, sino también el régimen de salidas por el 100.2, lo que fue interpretado por los soberanistas como una venganza para hacer valer su condena.

Todo ello, aderezado con valoraciones que rozan lo político, muy duras con la administración penitenciaria de Catalunya, que tiene transferida la competencia. Insinúa que actúa para otorgar privilegios a los presos. Dice que “no puede vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente”. Asegura que “no puede distanciarse de los principios y garantías que informan de la ejecución de las penas de prisión impuestas por los tribunales” y que “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica”. Desliza que la administración catalana se convierte en una “extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces”. El tribunal reivindica la decisión que tomó para condenar a los presos diciendo que “ninguno ha sido condenado por perseguir la independencia” ni por sus ideas, sino por sedición y malversación; y cuestiona a la juez de vigilancia penitenciaria.

El Síndic de Greuges, defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, denunció cuatro “vulneraciones de derechos”: por la intervención del tribunal que dictó sentencia, que “puede estar sesgado por este hecho”; un posible atentado contra la libertad ideológica por condicionar la situación al arrepentimiento; la exigencia de que cumplan más años de cárcel cuando “la praxis penitenciaria en Catalunya no exige tener la cuarta parte completa, ni mucho menos la mitad”; y dice que los autos no son individualizados.

El recurso de la Fiscalía contra el tercer grado ya llevó con carácter preventivo a la mayoría de presos a la cárcel, salvo a Dolors Bassa y Carme Forcadell, a las que se ordenó ayer dormir en prisión. El líder de ERC y exvicepresident, Oriol Junqueras, vio una “venganza”, y en términos similares se expresó el resto, como los exconsellers Romeva, Turull y Rull; el exlíder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart. Sobre el 100.2, se veía venir el rechazo tras el fallo contra la expresidenta del Parlament, Forcadell, en julio.

Relación con ERC. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mostró ayer su “respeto” a la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado penitenciario. “Es lo que hay”, se limitó a decir. Además, confió en que la situación “no afectará” a su relación con ERC, que había votado a favor de los Presupuestos estatales tan solo un día antes. “El tribunal es el tribunal, el Gobierno es el Gobierno y el Partido Socialista es el Partido Socialista, no tiene nada que ver”, zanjó, para añadir que “cualquier formación que tenga una relación política con el PSOE debe saber que nuestra línea roja es el acatamiento a la ley y a las sentencias judiciales”. Precisamente un representante de ERC, el president del Parlament, Roger Torrent, sí afeó a PSOE y PODEMOS que no se atrevan a “parar los pies a los enemigos del diálogo”. Pere Aragonès, en funciones de president, denunció la “venganza” y pidió una ley de amnistía y un referéndum.

Los sentenciadores. Los magistrados que han dictado los autos en contra del tercer grado y el 100.2 son los mismos que sentenciaron a los presos por el referéndum, salvo Luciano Varela, que está retirado. En concreto, han tomado la decisión el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que además ha sido el ponente de la deliberación, y los jueces Ana Ferrer, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, y Andrés Palomo del Arco.