- El debate y aprobación ayer de la reforma educativa, conocida como ley Celaá, se tradujo ayer en una gran bronca dentro y fuera del Congreso en la que los partidos de la derecha desplegaron su artillería para expresar su desaprobación y anticiparon una larga batalla contra la normativa que sustituye a la ley Wert, aprobada cuando el PP tenía mayoría absoluta. La muestra más palpable de esta tensión fueron los tres minutos en los que la actividad de la Cámara baja se paralizó, nada más finalizar el debate del dictamen de la Comisión de Educación y FP acerca de la LOMLOE, mientras los diferentes grupos exteriorizaban su posición al respecto: mientras los diputados del PP y Vox daban golpes en sus escaños y gritaban “libertad”, los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la nueva Ley.
El texto salió adelante con 177 síes del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, la mayoría absoluta de la Cámara, lo que resultaba imprescindible ya que se trata de una modificación de una ley orgánica. PP, Ciudadanos, Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN sumaron por su parte 148 noes. Bildu se abstuvo, al igual que JxCat, BNG y Teruel Existe. Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario.
El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. Ante esto, PP, C’s y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional.
Durante el debate de ayer, la oposición acusó al Gobierno español de eliminar derechos y de dar alas al independentismo por la supresión del carácter vehicular del castellano en la enseñanza. La diputada del PP Sandra Moneo censuró que la posición del castellano en la nueva ley supone “una ruptura de nuestro modelo competencial, de nuestra Constitución”. Desde Vox, Joaquín Robles afirmó que el objetivo de la norma es que las escuelas catalanas se conviertan en “fábricas de independentistas”, por lo que la calificó de “sectaria” y “peligrosa”. Marta Martín (C’s) definió la LOMLOE como una ley “más ideologizada que la propaganda electoral”. Opinó que obedece a un “mercadeo zafio” por “un puñado de votos” que hará que los secesionistas se vean “reforzados” y los constitucionalistas se sientan “vendidos”.
En el otro lado de la balanza, la diputada del PSOE Luz Martínez Seijo acusó a la derecha de decir “mentiras” como que la Ley acaba con el castellano, que se cerrarán las escuelas de educación especial o que se eliminan las pruebas para acceder al cuerpo de inspectores de educación. Unidas Podemos celebró que ayer se puso “punto final” a la LOMCE y su “modelo elitista” y acusó a los partidos de la derecha de poner en marcha una “campaña de desinformación y bulos”. Mientras, Josune Gorospe, del PNV, saludó la aprobación de la Ley, que al menos permite desarrollar, según ella, el sistema educativo vasco, pues recoge reivindicaciones de su partido en materia de becas, currículo, lengua propia, FP y evaluación.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, admitió que le hubiera gustado tener “más consenso” para la reforma educativa pero que “lamentablemente el PP, Vox y C’s se han autoexcluido del debate”. No obstante, se mostró “muy feliz” porque hace siete años todos los grupos de la Cámara, excepto el PP, se emplazaron a derogar la LOMCE, que “no ha tenido ninguna mejora en términos educativos”.
El clima de tensión durante el Pleno tuvo su reflejo en el exterior del Congreso y dirigentes de PP, C’s y Vox se acercaron a la movilización convocada por la Plataforma Más Plurales, que representa principalmente a la enseñanza concertada, para expresarle su apoyo. El presidente del PP, Pablo Casado, salió del hemiciclo al término del debate para dirigirse a una mesa instalada por su partido para recoger firmas contra la ley Celaá, una campaña que ya lleva recabadas más de 10.000 firmas solo en la Comunidad de Madrid.
El PP buscará fórmulas para frenar en las cinco comunidades autónomas en las que gobierna -Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León- los aspectos de la Ley que considera “más lesivos”. Según fuentes del partido citadas por Europa Press, pretende “blindar” a través de decretos u órdenes “la libertad de elección” y “proteger” la educación concertada y especial.
“Me hubiera gustado tener más consenso pero PP, Vox y C’s se han autoexcluido”
Ministra de Educación
“Para aprobar unos presupuestos y seguir en el poder se entrega la educación y la libertad”
Portavoz del PP en el Congreso
