- Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP llegaron a un acuerdo sobre una posición conjunta contraria al juicio contra el president Quim Torra ante el Tribunal Supremo que puede acabar con su inhabilitación. En la resolución, se evita fijar una estrategia concreta ante esta eventualidad pero se critica la posibilidad de que el president sea despojado de su cargo.
El texto, reivindica "la voluntad soberana de la ciudadanía de Catalunya" por encima de cualquier "criminalización, amenaza o intimidación o intento de deslegitimación por parte de la judicatura o la fiscalía española" y en este sentido afirma que "solo la mayoría de este Parlament tiene legitimidad para otorgar o retirar la confianza al president y el Govern".
La resolución también carga contra el "Gobierno progresista español", que "no ha cambiado la dinámica represiva", lamenta que "es imposible hallar justicia en el Estado, al contrario que en los tribunales europeos" y manifiesta la "desproporción y la indignidad del juicio al president Torra", un proceso que califica de "politizado en el que el Tribunal Supremo pretende inhabilitar a un president por una pancarta Llibertat presos polítics que cuestiona el funcionamiento de este tribunal en el mismo sentido que las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional o Naciones Unidas".
Asimismo, la iniciativa condena la "represión reiterada contra los tres últimos presidentes de la Generalitat", contra la Presidencia del Parlament, contra miembros del Govern, cargos electos, activistas sociales y ciudadanos que han defendido la autodeterminación.
El Supremo aborda hoy el futuro inmediato de Quim Torra al frente de la Generalitat, en una vista en la que estudiará el recurso del president a su condena de inhabilitación por desobediencia al no retirar los lazos amarillos y una pancarta de apoyo a los presos del procés de edificios públicos en periodo electoral. Hace nueve meses que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impuso a Torra un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia, una sentencia que, al no ser firme, no implicó que fuese apartado de su cargo.
La última palabra la tiene el Supremo, que tendrá que decidir si confirma la inhabilitación, como pide la Fiscalía, o si estima el recurso de Torra, que pide que revoque la condena. La resolución tendrá carácter firme y, por tanto, de ser condenatoria será ejecutada de inmediato independientemente de que la defensa de Torra promoviera un incidente de nulidad.
En la vista se escucharán los argumentos de ambas partes en presencia de Torra, que se sentará entre el público, ya que solo sus abogados pueden intervenir y estos tampoco contemplan pedir al tribunal permiso para conceder un turno de palabra al president. Eso sí, Gonzalo Boye, abogado del president, no descarta recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Govern amplio. ERC instó al Govern a convocar un "frente amplio en contra de la represión y en defensa de la libertad de expresión" para consensuar la respuesta a la posible inhabilitación de Torra. Para los republicanos, la respuesta a la inhabilitación debería permitir "denunciar y plantar cara a la intolerable represión de una justicia politizada y sesgada".
PSC pide elecciones. El líder del PSC, Miquel Iceta, pidió a Torra acabar la legislatura con "la máxima dignidad posible" y convocar elecciones para que los catalanes decidan qué senda política tomar tras la pandemia.
"Un Estado instalado en la venganza me quiere inhabilitar por defender la libertad de expresión"
Presidente de la Generalitat
"Solo la mayoría de este Parlament es legítimo para otorgar o retirar la confianza al president "
JxCat, ERC y CUP
