eptiembre de 2020 es la puerta a un curso político de rumbo incierto. En un contexto de pandemia y crisis, sólo la moción de censura de Vox parece unir sin reservas a los socios del Gobierno de coalición. Estos son los exámenes que tendrá que superar el Congreso de los Diputados durante el próximo periodo de sesiones, hasta diciembre.
Comisiones de investigación
Hasta la fecha todas las peticiones para crear comisiones de investigación fueron rechazadas con el argumento constitucional de la inviolabilidad. Sin embargo, las informaciones que apuntan a una serie de presuntos movimientos fiscales irregulares del rey emérito y, sobre todo, la posibilidad de que la Fiscalía solicite investigarle por ello han animado a varios grupos a estrechar el cerco, Unidas Podemos entre ellos.
Dicen a Efe fuentes de la dirección de este grupo que el cerco a Juan Carlos I es una divergencia pactada con el PSOE. Reconocen esas fuentes, sin embargo, que, si el futuro judicial del emérito se complica, mantener ese pacto resultará arduo.
A pesar de todos los rechazos, la Mesa se reunirá el miércoles próximo y verá una petición más: la que registraron en julio grupos independentistas y nacionalistas, y Más País, para investigar en el Congreso a las empresas que intervinieron en la adjudicación del AVE a La Meca.
La Mesa verá también la petición del PP de investigar, en comisión parlamentaria, la presunta trama de financiación ilegal de Podemos. La formación de Pablo Iglesias tiene por delante un tenso otoño judicial por esta causa y por el llamado caso Dina. El PP, Vox y Cs seguirán con atención ambas instrucciones para aumentar la presión política al Gobierno. De momento, sus intentos parecen abocados al fiasco: la mayoría PSOE-Unidas Podemos en la Mesa previsiblemente tumbará esa primera petición del grupo popular y las que vengan.
Decreto de los ayuntamientos
El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmaron recientemente un acuerdo para el uso de los ahorros de los gobiernos municipales, su superávit. No ha gustado a casi nadie. Lo comprobó el PSOE en la Diputación Permanente de hace unos días. Debatieron los grupos si la ministra de Hacienda debía ir al Congreso a explicar cuanto antes ese acuerdo. El resultado: sí, y por unanimidad. María Jesús Montero comparecerá hoy.
El Consejo de Ministros aprobó en agosto el decreto ley correspondiente, por lo que el Congreso tendrá que convalidarlo o derogarlo. El plazo de 30 días está a punto de acabar, así que el debate tendrá lugar la segunda semana de septiembre. Indican fuentes parlamentarias que el Gobierno tendrá que hacer un gesto porque, si no, no habrá mayoría que avale al decreto.
Si ese gesto se acaba produciendo, se convalidará el polémico decreto, pero al menos habrá una negociación parlamentaria posterior para cambiarlo. El contenido del acuerdo ha enfadado a Unidas Podemos, cuyas fuentes admiten que aquí, por ahora, no hay divergencia pactada.
Moción de censura de Vox
Vox tiene 52 escaños, más de la décima parte de la Cámara. Según el reglamento, puede presentar una moción de censura. El líder del partido, Santiago Abascal, lo anunció antes del parón veraniego, pero el grupo aún no ha llevado a la Mesa el escrito en el que conste quién será el candidato a presidir el Gobierno si la moción triunfa. No lo hará porque ni el PP ni C’s la apoyan, según han dicho ya, por lo que no se prevén más votos a favor que los 52 de Vox.
Cuando la Mesa reciba el texto y compruebe que cumple los requisitos, pondrá fecha a un debate que iniciará un diputado de la formación de Abascal y que retomará el candidato, el propio Abascal salvo sorpresa. Como reconocen fuentes parlamentarias a Efe, esa sesión parlamentaria servirá para contraponer dos modelos de gestión ante la pandemia y la crisis. Aquí no se vislumbran rencillas entre PSOE y Unidas Podemos; es más: podrían aprovechar la ocasión para endurecer la coalición. Donde las reticencias se manifestarán será en el bloque PP-Vox-Cs, auguran las fuentes.
Renovación institucional
Hace meses el Gobierno y el PP comenzaron a plantearse la renovación, al fin, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional (TC) y de RTVE. Las conversaciones, según las fuentes consultadas, alentaron la posibilidad del acuerdo, pero en el Partido Popular no terminan de verlo claro. Fuentes próximas a su líder, Pablo Casado, destacan que con Iglesias en el Gobierno poco margen hay.
Para la renovación de los magistrados del CGPJ y del TC que dependen del Congreso es obligatoria una mayoría de tres quintos (210 votos), lo que el PSOE y el PP, juntos, no logran por un suspiro (suman 208). La idea es que otras formaciones entren en el hipotético consenso para acabar con la provisionalidad de ambas instituciones.
Los Presupuestos
La prueba definitiva. España lleva anclada en los presupuestos del exministro Cristóbal Montoro desde 2018. Pedro Sánchez no pudo hacer los suyos en febrero del 19 y convocó elecciones. Urgen unos presupuestos nuevos, era la prioridad del presidente antes de la pandemia; ahora lo es más, si cabe, como vienen sosteniendo varias fuentes desde hace meses.
Que el acuerdo se busque con C’s antes que con ERC, como sospechan prácticamente todas las fuentes consultadas por Efe, complica aún más un entramado laberíntico, dado que no hay mayorías claras en la Cámara.
